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A prisión los tres detenidos por el fraude al SCS con recetas falsas

P. Fumero, S/C de Tenerife
3/nov/18 6:20 AM
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El Juzgado de Instrucción de guardia en la capital tinerfeña decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos en la operación contra la falsificación de recetas para defraudar al Servicio Canario de Salud (SCS).

Ayer se supo que la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil había arrestado a un tercer acusado en la trama, ya que hasta entonces únicamente se tenía constancia de que habían sido apresados el farmacéutico propietario de la Farmacia Monje, en Santa Cruz de Tenerife, así como un médico. Los implicados en este supuesto fraude al área de Sanidad del Gobierno canario están acusados de delitos continuados de estafa, falsedad documental y contra la salud pública. Según los primeros datos, se estima que la cantidad de dinero defraudada supera el millón de euros. El tercer detenido tenía relación con el farmacéutico y con el médico.

Los investigadores del Instituto Armado decidieron "reventar" la operación durante la mañana del pasado martes. En ese momento, un capitán, un sargento, un brigada, un oficial y varios agentes del cuerpo de seguridad accedieron con autorización judicial a la farmacia Monje, que está situada en la confluencia de la calle Garcilaso de la Vega con la avenida de San Sebastián, en la capital tinerfeña. El registro de dicho establecimiento se prolongó durante varias horas, con un dispositivo de seguridad llevado a cabo por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife (Usecic). Cabe recordar que el mencionado local comercial abrió al público hace escasas semanas. Después se llevó a cabo la entrada en la anterior sede de la Farmacia Monje, situada en la ya mencionada calle Garcilaso de la Vega.

La intervención en dicho inmueble se prolongó hasta pasadas las 14:00 horas, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia del juzgado instructor, así como del propietario de dicha farmacia.

La investigación del caso se inició a petición de un departamento del Servicio Canario de Salud (SCS), al detectar una anómala demanda de un producto desde la misma empresa. Las diligencias del caso se declararon secretas.