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CASO CENTROS TURÍSTICOS

La sustituta del juez Liz retira las fianzas a los imputados en el "caso Centros Turísticos"

Arrecife (Lanzarote), EFE
5/nov/18 14:07 PM
eldia.es

El Juzgado número 3 de Arrecife (Lanzarote) ha retirado las fianzas de más de tres millones de euros que exigió a los procesados en el "caso Centros Turísticos", donde figura como principal investigado el exconsejero del Cabildo y antiguo líder del PSOE en la isla, Carlos Espino.

Las fianzas fueron impuestas el 18 abril por el magistrado Rafael Liz Estévez, titular de este juzgado, días antes de empezar a cumplir una sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta por el Consejo General del Poder Judicial.

Su sustituya en el juzgado, Raquel María Rivero, ha notificado hoy a los afectados que esas fianzas que estas quedan sin efecto.

El "caso Centros Turísticos" se originó tras una denuncia presentada por la entonces consejera del área del Cabildo, Astrid Pérez, del PP, por contrataciones supuestamente ilegales realizadas por el socialista Carlos Espino en su etapa como consejero de los Centros Turísticos del Cabildo entre los años 2007 y 2009.

El magistrado había impuesto a los imputados fianzas que sumaban más de tres millones de euros, de los que 1,5 millones fueron al político y el resto repartidos entre los empresarios Antonio González Medina, Gloria Valenciano y Enrique Gutiérrez y el periodista Mario Alberto Perdomo.

El auto ahora notificado estima los recursos formulados por la defensa de los investigados en la causa de los Centros Turísticos y rechaza todos los argumentos en que se basó el juez Rafael Liz para adoptar su decisión.

La nueva resolución judicial concluye que no se dan ninguno de los dos requisitos exigidos por la ley para adoptar la medida cautelar que, por ello, se deja sin efecto al estimar la juez que "no concurren en el presente caso los presupuestos de apariencia de buen derecho ni de peligro de mora procesal".

En este sentido, el auto recuerda que no se ha completado la fase de instrucción del procedimiento, ya que no se ha dictado aún la eventual resolución acordando su conversión a procedimiento abreviado.

También razona que tanto para procesar o inculpar como para acordar una medida una medida de fianza "es necesario que haya pruebas como para condenar, pero no pueden considerarse como válidas o suficientes aquellas sospechas que puedan valer para acceder a una medida de investigación lesiva de un derecho fundamental".

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