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El fiscal sostiene que sistema de ayudas de los ERE exigía la aprobación de Chaves

Sevilla, EFE
6/nov/18 18:47 PM
eldia.es
Manuel Chaves, hoy, en la sala del juicio./Pool

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha considera que la "trascendencia" del cambio que implantó en 2000 el "procedimiento específico" de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Chaves ha sido el último de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz procesados en el juicio de los ERE al que se ha referido hoy el fiscal en su informe final, en el que ha detallado la intervención de cada uno de los acusados en los hechos juzgados que entiende probada.

El Ministerio Público sólo acusa a Chaves de un delito de prevaricación -a diferencia de su sucesor José Antonio Griñán, acusado también de malversación-, y pide para él 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado "procedimiento específico" con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con créditos "inadecuados" y sin fiscalización previa.

Ese "procedimiento específico" se introdujo por primera vez en una modificación presupuestaria de abril del 2000 para aumentar los fondos destinados a estas ayudas, que hasta entonces se concedían como subvenciones excepcionales que daba y pagaba la Consejería de Empleo y pasaron a abonarse a través del ente público IFA (luego IDEA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas "no era un simple cambio menor" y que "la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos".

Por ello, ha señalado que la "trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo" y que "convenciera a la consejera de Hacienda" (entonces la también acusada Magdalena Álvarez) para que la asumiera, "sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves".

"No vamos a exigir al presidente de la Junta que conozca todos y cada uno de los actos administrativos que realiza su administración", ha admitido el fiscal, que, sin embargo, ve "difícilmente entendible" que desconociera actos de "relevancia y calado" como el sistema que movilizó millones de dinero público para paliar "graves crisis industriales" y su repercusión en miles de trabajadores.

Al fiscal le "resulta llamativo" que los máximos responsables de la Junta usen como argumento de descargo la "ignorancia" por el Consejo de Gobierno de "trámites" como las modificaciones presupuestarias a través de las que se cambió el sistema hasta consignarlo definitivamente en los Presupuestos desde 2002.

De ser así, ha dicho, "podíamos llegar al absurdo de que, bajando de rango, al final las decisiones de mayor calado de la administración de la Junta están en manos de funcionarios de rango inferior, puesto que los superiores manifiestan conocerlas".

Para el fiscal, también la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez "conocía perfectamente la trascendencia del cambio y lo que suponía el uso de las transferencias de financiación" así como los informes de la Intervención de IFA del 2000 al 2002 advirtiendo de la "inadecuación" de su uso para que el ente público "se limitara a pagar" ayudas que daba Empleo.

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