El expresidente de Ecuador Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, fue hoy llamado a juicio por el delito de plagio (secuestro) de un político opositor ecuatoriano en Colombia, ocurrido en agosto de 2012.

La jueza nacional de Ecuador Daniella Camacho así lo dictaminó en una sesión de la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia con sede en Quito.

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia albergó la última sesión de la audiencia preparatoria de juicio contra cuatro procesados en el caso, que habían sido acusados por la Fiscalía General de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Fernando Balda, exlegislador opositor a Correa.

"Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así", dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, al terminar la audiencia.

Y se quejó de que, durante las últimas semanas, ha habido "una desaprensiva presión" sobre la jueza por parte del "poder político" y "de los medios y de actores sociales".

En la fase preparatoria del juicio en septiembre, la Fiscalía General había presentado una acusación contra el exmandatario, el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y los exagentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza.

Los dos últimos se acogieron a la figura de procedimiento abreviado y reconocieron ser autores materiales de los hechos y colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de la pena.

Ambos aseguraron que las órdenes les llegaban directamente del expresidente por medio de Romero.

Correa, que rechaza las acusaciones, y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica -donde reside desde julio de 2017 pues su esposa es originaria de allí- y el segundo en España.

El juicio contra Correa y Romero, que han quedado exonerados del delito de asociación ilícita, como pedían la Fiscalía y la acusación particular, no podrá iniciarse hasta que retornen al país o sean detenidos y extraditados.

El exmandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.

La magistrada solicitó a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su incomparecencia judicial e incumplimiento de medida cautelar.

De momento, el organismo internacional no ha informado oficialmente de su respuesta sobre dicha solicitud.

Simpatizantes de Correa se concentraron en los alrededores de la Corte Nacional para expresar su apoyo a él y al exvicepresidente Jorge Glas, en prisión por otro delito de corrupción.