Última
A BABOR FRANCISCO POMARES

Un reparto abochornante

13/nov/18 6:29 AM
Edición impresa

Muy poco le duró a Pedro Sánchez el juramento de no entenderse con el PP, y mucho que me alegro. Los partidos tienen la obligación de ponerse de acuerdo entre ellos, para eso se les vota, para que resuelvan los problemas de los ciudadanos, intentando defender sus posiciones pero sin renunciar al acuerdo siempre que sea posible. Otra cosa es que resulte abochornante este trato para repartirse los sillones del Poder Judicial, del que solo los "naranjitos" de Rivera se han mantenido al margen. El partido que venía a acabar con el intercambio de sillones -Podemos- ha logrado colocar a un vocal en el Consejo General del Poder Judicial (probablemente la magistrada y exdiputada Vicky Rosell), y el PSOE sostendrá una mayoría progresista de once miembros de veinte, eso sí, a cambio de que la presidencia pase a un juez al que desde los medios de la izquierda se ha acusado de ultraconservador, el canario Marchena. Resulta un poco chocante la pretensión de Podemos de obtener más representación aún en el Poder Judicial, ese poder Judicial vendido a los bancos al que tanto se refiere Podemos, sobre todo después de las declaraciones de Pablo Iglesias asegurando que ni respeta ni acata la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. Supongo que él también se siente damnificado, como todo hijo de vecino: se ahorraría unas buenas decenas de miles de euros del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados de su casoplón de nuevo rico.

Personalmente, creo que la elección de Marchena (al que Podemos ha dicho que votará en contra, quizá sin saber que no cabe votar en contra sino en blanco o a otro candidato) se trata de una nueva concesión a los independentistas: si los jueces son tan disciplinados que cumplen las instrucciones de los partidos (no tienen por qué hacerlo) Marchena se convertirá en el mandamás del Gobierno de los jueces y de propina en presidente del Supremo, pero deberá abstenerse en el caso del "procés".

Malo es que un juez sacrifique todo a su propia carrera profesional, pero peor resulta que Gobierno y oposición -PSOE y PP- cierren un nombre como bipresidente del Poder Judicial y del Supremo, cuando ni siquiera se sabe quiénes serán los jueces que tendrán que votarle. Porque la decisión de elegir al presidente no corresponde a los partidos, sino a los veinte jueces cuyos nombres aún no se conocen en su totalidad. Repugna un sometimiento tan obvio de los integrantes del Poder Judicial a los partidos, por mucho que sean ellos quienes ponen a ocho de los veinte. No corresponde a los partidos decidir quién será el candidato a presidente, o al menos, hacer pública esa decisión sin tener siquiera la elegancia de esperar a que los jueces -que son los que deben proponer un candidato de entre ellos mismos- hayan sido elegidos. La intromisión del poder político es tan obvia en este asunto que debería abochornar a todas sus señorías, a las asociaciones judiciales y a los dos partidos que han tramado la componenda: y es que aquí ya nadie guarda ni las formas.

A BABOR FRANCISCO POMARES