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A BABOR FRANCISCO POMARES

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15/nov/18 6:10 AM
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Los importadores de vehículos motorizados han avisado -a través de su patronal, Ainacam- que la prohibición de vender coches que emiten CO2 supondrá un importante retroceso del PIB español y del empleo. Puede que sea cierto, pero no será tan grave para el PIB, el empleo, y la vida sobre la tierra, como seguir expulsando dióxido de carbono a la atmósfera. La patronal advierte de que la propuesta socialista es una "utopía irrealizable", porque la sustitución del parque de vehículos de combustión -casi 25 millones- por otros eléctricos es prácticamente imposible. Es cierto que la decisión del Gobierno puede ser más o menos voluntarista, oportunista, electoralista y todo lo que se quiera. Pero conviene recordar que se ampara en una decisión europea de descarbonización que ya han comenzado a poner en práctica otros países, y en algunos, con calendarios de ejecución más breves.

Desde luego, no basta con exigir a los fabricantes que sustituyan la producción de vehículos de combustión por vehículos eléctricos, hay que hacer muchas más cosas: la primera, para que la medida resulte eficaz en términos ecológicos, es conseguir que aumente el abastecimiento de energía eléctrica producida por fuentes no contaminantes, ya sean renovables, hidroeléctricas o nucleares. No serviría de mucho cargar los coches enchufándolos a una corriente producida por combustión de derivados del petróleo, que es -por ejemplo- lo que ocurre en Canarias, un territorio con seis sistemas eléctricos independientes que funcionan preferentemente quemando combustibles fósiles. Hay que generar electricidad sostenible, de fuentes renovables, y eso requiere una inversión gigantesca, que deberá hacerse con recursos públicos. Pero hay más: para que los coches puedan usar electricidad, se precisa crear una infraestructura para la recarga, miles de puntos donde enchufar las baterías, que sustituyan a las gasolineras, y también una red de distribución eléctrica que sea capaz de soportar la duplicación del actual consumo. En España, el gasto energético en transporte supone el 40 por ciento del consumo energético total -el de las casas, las empresas, las industrias, el transporte por carretera, aéreo y marítimo- y de ese 40 por ciento, las cuatro quintas partes van a sostener el consumo por carretera. Para abastecer ese porcentaje de consumo energético -que hoy funciona quemando combustibles fósiles y emitiendo gases contaminantes a la atmósfera- se requiere no solo producir muchísima más electricidad limpia, también transportarla, y eso no podrá hacerse por unas redes ya hoy muy sobrecargadas y obsoletas. Se trata de un cambio estructural que requiere también ahí de muchísima más inversión.

Petroleras, fabricantes y vendedores aseguran que cumplir los plazos es imposible. Defienden su negocio, pero se equivocan: no solo es perfectamente posible avanzar en la única dirección correcta que permitirá la supervivencia de la Humanidad más allá de este siglo, sino que es imprescindible hacerlo. Con medidas como la propuesta por el Gobierno, y con muchas otras, como reducir el transporte privado, controlar el consumo energético, desarrollar tecnologías alternativas y frenar el crecimiento insostenible para que no nos lleve a una catástrofe irremediable. Por eso hay que aplaudir la decisión del Gobierno, y exigir que no se agote en discursos y fotografías de campaña: que el reto de no quemar más combustibles fósiles sea asumido como la mayor urgencia actual, y se convierta en una oportunidad extraordinaria para crear nuevo empleo.

A BABOR FRANCISCO POMARES