El Ayuntamiento de Candelaria ha anunciado hoy que el 3 de diciembre se ejecutará la sentencia que obliga al cese de actividad de una perrera situada en suelo rústico, y ha precisado que para el desalojo acudirán la Policía Local y empresas contratadas para el transporte y albergue de los animales.
En un comunicado el consistorio indica que de esta manera se dará cumplimiento a una sentencia judicial de 7 de junio de 2017 y recuerda que dos años antes se inició un expediente sancionador tras una denuncia vecinal que llevó consigo diligencia de la Policía Local, que acreditó las molestias ocasionadas por los perros.
También se realizó un informe técnico de la Concejalía de Urbanismo en el que se hizo constar que “el uso de equipamiento (perrera) no se encuentra dentro de los permitidos y compatibles del Suelo Rústico de Protección Natural de Laderas", por lo que se impuso una sanción de 3.000 euros y la obligación de cesar la actividad.
La protectora denunciada ha presentado sucesivos recursos a los diferentes decretos de Alcaldía, así como a distintas resoluciones judiciales, que han culminado con la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que falló desestimar el recurso de apelación y la imposición de costas a la demandada.
Ante ello, el Ayuntamiento se ve en la obligación de cumplir lo recogido en la sentencia de 7 de junio 2017, añade el consistorio, que indica que el procedimiento culminará el 3 de diciembre con la materialización forzosa de la sentencia, ya que la demandada no ha cumplido voluntariamente con la exigencia del cese de la actividad.
El Ayuntamiento ha garantizado y garantizará en todo momento la debida atención y cuidado de los animales, agrega.