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Los secretarios locales dilatan la solución al saneamiento del Valle

Manuel Martínez, consejero insular de Aguas, hizo un llamamiento a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar a unirse para desbloquear la situación y evitar más multas.
El Día, Candelaria
1/dic/18 6:37 AM
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La solución a la situación que afronta el Valle de Güímar por incumplir la Directiva de la Unión Europea en materia de saneamiento y depuración de aguas está en manos de los plenos de los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar. A ellos se les pide unidad para soslayar los informes de los secretarios municipales contrarios a las propuestas que se plantean como remedio. "Es un enredo jurídico", insistió el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez.

Así se lo transmitió a los alcaldes de los tres municipios y a los concejales de los gobiernos municipales y oposiciones de las mismas corporaciones, ante quienes compareció ayer, a voluntad propia, en el Centro Tecnológico de Candelaria (Ctcan).

Martínez aseguró que los secretarios municipales del Valle de Güímar se oponen a las obras que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) está desarrollando para cumplir con la Directiva de la Unión Europea en saneamiento y depuración. El argumento que emplean es que "son obras comarcales". Por tanto, no compete a los ayuntamientos.

Como ejemplo puso la propuesta de ordenanza de vertido remitida por el Ciatf a los municipios, "rechazada por el secretario de Candelaria, porque no es su competencia, pero el ayuntamiento cobra una tasa por el alcantarillado".

"El problema es jurídico y esperamos que se resuelva cuanto antes", incidió el consejero insular de Aguas, quien no pudo aclarar (porque está indefinido) qué administración deberá abonar la multa inicial de 900.000 euros y la semestral de 800.000 euros que el Gobierno central trata de repercutir. "Es competencia cien por cien de los ayuntamientos y quienes deben pagar son los ayuntamientos, pero entendemos que puede suponer un bloqueo municipal".

La Directiva que incumple el Valle de Güímar data de 1991 y era de obligado cumplimiento entre los años 2000 y 2005, con el límite de 2013 para evitar la multa.

A tal fin, está en marcha (con obras en ejecución y otras proyectadas) una inversión de 25 millones de euros (seis de ellos, en la costa de Candelaria) que incluye estaciones de bombeo de agua residual (EBAR), colectores, mejoras en la red y la Estación Depuradora de Agua Residual Industrial (Edari), para cuya construcción aún falta que Güímar apruebe formalmente la firma del convenio con el Ciatf.

Pero la inversión de 25 millones de euros permite "una solución parcial" toda vez que las actuaciones señaladas tendrían poca utilidad "si no hay redes de saneamiento". Y es ahí donde el consejero insular pidió que se haga hincapié, en crear alcantarillado y en conectar las viviendas a la red.

En su llamamiento a los ayuntamientos para trabajar en la misma dirección, Manuel Martínez también apostó por la desalación "en la comarca que más cara compra el agua". Anunció que la desaladora portátil situada en el Polígono Industrial Valle de Güímar será trasladada a las inmediaciones de la Edari y que será ampliada con un módulo. Con su producción se abastecerá la parte costera de la comarca (Candelaria, especialmente) generando un abaratamiento del precio del agua y se reservará la procedente de galerías para su consumo por la población de la medianía del Valle de Güímar.

Finalmente, el consejero dejó entrever que la comarca del Noreste puede verse afectada por la sanción europea, aunque ya haya resuelto el problema de contaminación, e insistió en que la multa al Sureste puede terminar en la vía judicial.