Sí se Puede (SsP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncian obstáculos a su continuidad como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados de aguas residuales de origen industrial sin depurar en el Polígono de Güímar. La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para seguir en la causa, "con el claro objetivo de dificultar su derecho a acceder a la justicia en materia ambiental".
Mayca Coello, portavoz municipal de SsP en la Villa Mariana, asegura que "ambas organizaciones han reunido el dinero que finalmente ha exigido el juez tras considerar la petición de la alcaldesa", aclarando que están a la espera de la resolución del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial.
"Otros tribunales no han establecido este tipo de fianzas para la acusación popular en casos similares y el propio fiscal consideró que no era necesario", dijo el concejal de IUC en Arafo, Francis Hernández, mientras que Ruymán Expósito, edil de SsP en Güímar, señaló que la petición de una fianza de estas características "contradice directivas comunitarias que protegen el acceso a la justicia ambiental".
Coello recuerda que el Convenio de Aarhus y otras directivas de la Unión Europea impiden "generar costes que pongan en riesgo el derecho de las organizaciones en defensa del medio ambiente para su intervención ante los tribunales para denunciar infracciones ambientales".
SsP e IUC son acusación popular desde mayo, después de que se iniciara un proceso judicial en el Juzgado nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de estos partidos en Candelaria, Arafo y Güímar.
La situación de ilegalidad en la que se vierten aguas residuales sin depurar desde el Polígono Valle de Güímar no solo causa un daño al medio ambiente que está penado por la Unión Europea, sino que amenaza el futuro de 250 empresas instaladas en el polígono y sus 3.000 puestos de trabajo.