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A BABOR FRANCISCO POMARES

Un juez enfurecido

15/dic/18 6:18 AM
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El Diario de Mallorca, los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou y la Agencia Europa Press presentaron el pasado jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez Florit, del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, que ordenó el martes pasado el registro de las instalaciones del Diario de Mallorca y de Europa Press y la incautación de los teléfonos móviles, ordenadores, discos externos y documentación de ambos reporteros. La acción, que ha despertado el inmediato rechazo de miles de periodistas de toda España, se produjo como resultado de la investigación del caso Cursach, al parecer con el objeto de determinar el origen de la filtración que dio lugar a una información periodística. El caso Cursach es un enmarañado procedimiento judicial por corrupción, contra un conocido empresario del ocio balear -Bartolomé Cursach-, en la que están enredados políticos y policías locales. En torno a este personaje, considerado en la Isla el padrino de la noche mallorquina, hay una trama de favores que implica no solo a la policía de Palma y Calviá -municipios donde se encuentran las discotecas y locales de ocio del magnate-, sino también a políticos como el exdelegado del Gobierno y antiguo conseller de Interior del Gobierno balear, José María Rodríguez, y a su hombre fuerte en el Ayuntamiento de Palma, el todavía diputado Álvaro Gijón, ambos expedientados por el PP y suspendidos de militancia. La investigación judicial de la trama ha despertado un extraordinario interés público, consecuencia de la violencia desatada durante la investigación, con agresiones y acciones de intimidación a testigos protegidos. Un empleado de Cursach que amenazó con proporcionar fotos comprometedoras de los jolgorios de su jefe apareció muerto por sobredosis y las declaraciones de los testigos, cuya identidad es teóricamente secreta y es hoy conocida por todo el mundo, han escandalizado a la sociedad mallorquina: el empresario pagaba a políticos y policías y les obsequiaba con fiestas con prostitutas, champán y cocaína.

En ese contexto, las revelaciones de los periodistas sobre el sumario de la investigación, declarada secreta por el juez, parecen haber provocado una reacción desproporcionada e iracunda del magistrado, que algunos atribuyen a su deseo de lograr sacar de la causa al actual fiscal del caso, al que -al decir de varios medios- se considera protagonista de las filtraciones.

Persiga el objetivo que persiga, el auto del juez que dio lugar a la atrabiliaria actuación policial contra los periodistas constituye una clara agresión al derecho -constitucionalmente reconocido- que asiste a los profesionales del periodismo de proteger a sus fuentes de información. La querella contra el juez -inmediatamente respaldado por el corporativismo de sus pares del Consejo General del Poder Judicial- le acusa de haber cometido prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas. La indignación suscitada por la intervención judicial es abrumadora: porque es legítimo intervenir cuando el periodismo se convierte en patente de corso para agredir y maltratar a personas que no pueden defenderse. Por desgracia, también son frecuentes comportamientos indeseables en el ejercicio de la profesión periodística. Pero este no es en absoluto el caso. Precisamente, lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

A BABOR FRANCISCO POMARES