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A BABOR FRANCISCO POMARES

El relato

17/dic/18 6:22 AM
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Después de unos días de silencio, la asociación Demócratas para el cambio, la entidad civil que más decididamente impulsó la reforma del sistema electoral canario, se manifestó por fin ayer, en un artículo remitido a los medios y firmado por sus coordinadores. Lo hizo reclamando que las fuerzas políticas que apoyaron la reforma asuman el cambio o la modificación puntual de la actual ley electoral, para garantizar y asegurar que se cumplan los objetivos previstos en la reforma y recogidos en el Estatuto. Tras analizar la existencia de una mayoría suficiente para sacar adelante la nueva ley o la modificación de los artículos necesarios para fijar el procedimiento de forma definitiva, 'Demócratas para el cambio' se pregunta qué o quién impide esa modificación, y conmina a sus Señorías a hacer el esfuerzo necesario para que se produzca.

En realidad la petición de 'Demócratas para el cambio' demuestra dos cosas: la primera es que la asociación no es, como se ha dicho, una marca blanca de Nueva Canarias. La petición que suscribe choca frontalmente con la posición de Román Rodríguez, partidario de que sea el Gobierno quien regule por decreto el procedimiento. Siempre he creído que 'Demócratas' es una asociación independiente, participada por personas de diferentes ideologías y adscripciones partidarias, que ha defendido con ahínco la necesidad de acabar con los errores emanados de la pervivencia en el tiempo de un sistema provisional -el de la triple paridad-, agravado por la incorporación de topes injustos. Llevados por el deseo de que la ley se reformara, 'Demócratas' aceptó una pobre solución de compromiso que en materia de equilibrio en la representación resuelve más bien poco: la opción razonable habría sido ir a una lista regional única, o al menos que contara con la mitad de la representación a elegir. Era difícil lograrlo, desde luego, entre otras cosas porque a quienes lo exigimos se nos acusó sistemáticamente de querer bloquear el proceso para que todo siguiera igual.

En realidad, en todo este asunto, lo que ha habido es un problema de relato: como se puede comprobar ahora con las maniobras del PP y de Nueva Canarias, aquí no ha habido verdadera voluntad de reformar la ley ni siquiera por parte de todos los grupos que se definen como reformistas. Socialistas y Podemos sí han sido coherentes con su voluntad de reforma (que les beneficia), y también Coalición y los de Curbelo lo han sido, al oponerse a un cambio que no les convenía. PP y Nueva Canarias, sin embargo, vendieron una voluntad de modificar la ley que no era cierta. El PP se encuentra hoy sometida a una crisis interna de liderazgo, y su presidente, Asier Antona, probablemente acabe presentándose por la isla de La Palma. En cuanto a Nueva Canarias, su escasa implantación fuera de Gran Canaria hace que no les convenga una lista regional representativa, y ni siquiera con la actual componenda de sólo nueve diputados en esa lista está claro que Román Rodríguez quiera encabezarla. Por eso han estado jugando con la listas conjunta primero, y después con la urna conjunta, que requiere una ley que no van a aprobar.

PP y Nueva Canarias se sumaron al relato (falso) de que Coalición ha gobernado todos estos años porque la ley impide que puedan gobernar otros, cuando lo cierto es que si Coalición ha gobernado más de 25 años, es porque el resto de los partidos no lograron ponerse de acuerdo para evitarlo. Pero una cosa es el relato, apoyar la reforma de la ley electoral, y otra facilitar un cambio auténtico que permita votar a los candidatos a gobernarnos, y que contribuya a crear una clase política no insularista, que se deba a toda la región.

A BABOR FRANCISCO POMARES