El Tribunal Supremo (TS) está a punto de finalizar la larga batalla judicial iniciada por el promotor del establecimiento Arcos de La Noria, situado en esta zona de ocio de Santa Cruz. El resultado es agridulce. Por un lado se reconoce que existió un "funcionamiento anormal" a la hora de conceder todas las licencias, pero también se niega por ahora que el empresario tenga derecho a ser indemnizado. Este aspecto queda por resolver ante el TS, tras la presentación de un nuevo recurso por parte de la empresa.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), emitida en abril de 2018, ratificaba otra anterior de un Juzgado de primera instancia. En ambas se indicaba que una vez que el Cabildo había otorgado la licencia de instalación, pese a existir un informe discrepante sobre la categoría del bar, el ayuntamiento no podía negarse a otorgar su autorización.
La empresa cuantificó en 400.000 euros los gastos, que ahora discute el Supremo
La Corporación local dio el permiso de bar-restaurante, pero no el de bar especial, que ampara un horario de apertura más amplio. Para los distintos tribunales las discrepancias entre las administraciones tenían que haberse resuelto en el momento correspondiente.
Los sucesivos tribunales han concluido que se produjeron incumplimientos en el plazo para otorgar los permisos y por lo tanto se puede hablar de funcionamiento anormal constitutivo de responsabilidad patrimonial. Pero acto seguido se añade que los daños y perjuicios deben ser objeto de una rigurosa prueba "y de ningún modo" pueden cuantificarse por relación al importe del valor presupuestado de la instalación, como fue el coste de la obra más el de la instalación eléctrica. Gastos que la empresa cuantificó en 400.000 euros y que ahora son los que se están discutiendo ante el TS.