Todos los municipios de Canarias contarán al menos con una biblioteca pública y con un servicio de préstamo a domicilio, según han acordado hoy los seis grupos políticos del Parlamento de Canarias, y no solo los municipios de más de 5.000 habitantes, como proponía el Gobierno regional.
La ponencia del Parlamento que estudia el proyecto de ley de Bibliotecas de Canarias ha comenzado con este acuerdo, una iniciativa del PP, la tramitación de la futura normativa, a la que además se le ha cambiado el nombre para llamarla Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, a propuesta de Nueva Canarias.
Con esta ley se pretende planificar y organizar el sistema bibliotecario de Canarias, promover la lectura y regular el patrimonio bibliográfico de Canarias.
Los grupos parlamentarios afrontan la tramitación del proyecto, al que se han presentado 110 enmiendas, en un ambiente de consenso, que también se ha plasmado en el acuerdo general para garantizar por ley que siempre haya una Dirección General del Libro en el organigrama del Gobierno de Canarias, actualmente inexistente.
Sin embargo, aún hay disparidad de criterios en la ponencia sobre la denominada Biblioteca de Canarias, que el proyecto de ley del Gobierno se define no como una clásica biblioteca, sino como "el centro superior, funcional y técnico del sistema bibliotecario" de la Comunidad Autónoma y cabecera de la red de bibliotecas públicas de Canarias.
Esa Biblioteca de Canarias "se concibe como el conjunto de servicios técnicos descentralizados responsable de recoger, conservar y difundir" la producción bibliográfica y cultural y de coordinar el sistema bibliotecario, según recoge el proyecto de ley.
Pero el Gobierno no incluyó en su proyecto ni su estructura y funcionamiento, que se remite a un reglamento posterior, ni su sede, asunto este sobre el que hay discrepancias en la ponencia.
La diputada del PSOE María Victoria Hernández ha planteado que esa Biblioteca de Canarias no tenga una sede física sino "virtual", es decir, no será un centro bibliotecario abierto al público en general, sin perjuicio de que se utilicen ubicaciones para la prestación de sus servicios con criterios de equilibrio territorial.
Podemos propone en una enmienda que la sede de la Biblioteca de Canarias esté en las bibliotecas públicas del Estado en las islas.
La Biblioteca de Canarias, al tratarse, pese a su nombre, de un órgano de gestión, coordinación y catalogación, cabe la posibilidad de que no tenga una sede física propia, aunque sí espacios de trabajo que pueden ubicarse en alguna de las bibliotecas ya existentes o en un edificio administrativo, por ejemplo donde esté la oficina de la Dirección General del Libro, según se baraja en la ponencia.
Este debate ha quedado pendiente para una nueva reunión de la ponencia, así como la determinación del personal cualificado que tiene que gestionar las bibliotecas.