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La renta canaria de inclusión llegará a unas 32.000 familias

El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para convertir la prestación canaria de inserción (PCI) en renta de inclusión social para unidades familiares vulnerables con menores.
J.D.M., S/C de Tenerife
13/ene/19 6:37 AM
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J.D.M., S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para que la prestación canaria de inserción (PCI) se convierta en una renta de ciudadanía que dé cobertura a más personas, como recoge la reforma del Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado 6 de noviembre. El Ejecutivo ha consensuado el cambio a lo largo de los dos últimos años con sindicatos y empresarios, en el marco de la Mesa de Concertación Social.

"Estamos dando los pasos necesarios para que contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la PCI, la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una renta canaria de inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias", explica la directora general de Políticas Sociales e Inmigración, Reyes Henríquez.

La responsable del área destaca, además, "el esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá" a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14".

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, aproximadamente 62 millones, "si se contabilizan ayudas, gastos de personal y programas de inserción.

Henríquez no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente "se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI". Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la Fecam también dentro de los acuerdos de concertación social.

En cuanto a los cambios legislativos, Henríquez insistió: "Todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción con un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas", sin contar personal ni programas de inclusión.

"En definitiva -continúa Henríquez-, con esta modificación y la transformación de la PCI en renta de inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo importante y el gran cambio".

Cobertura indefinida

En esta hoja de ruta, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. "Entendemos que se trata del más vulnerable", argumenta Henríquez. "Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que esperamos sea antes de mayo", detalló. El Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia como personas sin techo, estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o personas mayores de 65 años sin tramitar pensión.

Trabajadores en precario

Una novedad demandada hace años que recogerá la Renta Canaria de Inclusión es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en 650,95 euros. También se incluirán a los mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que no alcancen el mínimo del IPREM. La directora general destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, los que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, valoró, "el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión".