Canarias
JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

"Preocupan las conductas violentas entre jóvenes"

Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife
13/ene/19 6:37 AM
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"Preocupan las conductas violentas entre jóvenes"

Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife

Está convencido de que en la solución definitiva que se adoptará en torno a "la Ciudad de la Justicia no habrá ni vencedores ni vencidos", que el problema que existe con la violencia de género hay que abordarlo en las aulas sin rodeos y que Fernando Clavijo, a pesar del compás de espera abierto en el caso Grúas, es la única opción de Coalición Canaria de cara a ganar las elecciones de mayo. José Miguel Barragán (1963) analiza para EL DÍA algunas conquistas de 2018 y las que espera sumar este. El desatasco definitivo al futuro palacio de justicia santacrucero es el punto de partida de una conversación que fluye en clave de igualdad, pero en la que lógicamente no faltan los asuntos que están conectados con la actividad judicial. "La justicia no está exenta de errores", precisa el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias sobre varias decisiones que han generado controversia en la ciudadanía.

El año pasado acabó con avances en cuanto a la ubicación de las futuras infraestructuras judiciales de Tenerife en la zona de Cabo Llanos, pero toda esa planificación debe empezar a tomar cuerpo en este ejercicio. ¿Espera grandes avances para 2019?

2019 será un año decisivo para el futuro de la Ciudad de la Justicia tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A esa decisión se llegó tras las reiteradas negativas de los operadores jurídicos a abandonar Cabo Llanos, pero la parcela asignada continúa teniendo problemas urbanísticos para edificarla. No obstante, ya se han dado los avances necesarios para que una empresa del Gobierno (Gestur Tenerife) acometa los trabajos imprescindibles para que ese espacio se ajuste a los términos que necesita Justicia.

¿Ese pulso, que ha sido complejo y largo, está resuelto del todo o aún debemos esperar algún giro inesperado?

Yo siempre dije que no compartía las discusiones que se originaron en torno a si el nuevo edificio estaba a 10 o 20 minutos del resto de las infraestructuras públicas de esta capital. Eso nunca supeditó nuestras decisiones, pero sí el hecho de que las parcelas de Cabo Llanos no estuvieran a disposición de la Comunidad Autónoma. Lo que hemos conseguido es que el Ayuntamiento está en disposición de llegar a un acuerdo definitivo con DISA porque las parcelas que están en los extremos son públicas: una es de ellos y la otra es nuestra. En 2018 invertimos seis millones de euros en la compra de una superficie similar que irá destinada a educación y eso ha posibilitado que tengamos la propiedad de dos zonas. Ahora únicamente falta que nos pongamos de acuerdo con el propietario del espacio central para tener el cien por cien del terreno que queremos destinar a la futura Ciudad de la Justicia. Cuando llegamos a esta consejería el reto era solventar un tema que llevaba más de diez años parado, una parte de ese periodo estuvo marcada por el hecho de que durante la crisis económica no había dinero para poder meterle mano a ese asunto, y encontramos una solución en unos terrenos en El Sobradillo que siempre generaron una posición de rechazo por parte de los operadores. Ellos insisten en torno al hecho de que tiene que ser en Cabo Llanos y en la actualidad estamos realizando todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para liberar la parcela de la que será la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

¿No acabar en El Sobradillo se puede considerar en una victoria de los operadores judiciales?

Esto no es una cuestión de vencedores y vencidos... Yo no tengo ningún interés en un suelo u otro, sino en que se ejecuten los proyectos que son útiles y necesarios para la ciudadanía. Desde el principio de la negociación nunca hubo un suelo determinado, pero siempre dijimos sí a la Ciudad de la Justicia. Si de lo que se trataba era de construir un edificio que se quedara obsoleto antes de que entrara en funcionamiento, lo más cómodo hubiera sido elegir una parcela que no diera tantos problemas administrativos. Lo que necesita Tenerife son unas infraestructuras judiciales útiles para los próximos 40 o 50 años, no un remiendo pensado para cinco o diez. Si tuviéramos la certeza de que esos terrenos no se pudieran liberar seguiríamos apostando por El Sobradillo.

Ese es un proyecto que está por definir, pero existen preocupaciones de menor calado que deben quedar resueltas antes, ¿no?

Seguimos trabajando en la línea de dotar con más medios humanos y técnicos a los juzgados del Archipiélago, que es una competencia directa de esta consejería. El año pasado se crearon cinco y para 2019 estamos pidiendo otros seis...

¿Pero tanto los operadores como los ciudadanos hablan de un déficit judicial?

En materia judicial siempre van a faltar cosas, es decir, que los medios nunca son suficientes para atender la demanda. Cada juzgado es un mundo y cuando en uno no falla un ascensor, en el otro hay que realizar una obra en una sala... Si nos centramos en los problemas que deben ser corregidos con la construcción de nuevas infraestructuras, los problemas de mayor gravedad los tenemos en Fuerteventura, Tenerife y La Palma.

No es una de sus competencias, pero por el contenido de algunas de estas problemáticas tampoco es bueno pasar de puntillas a través de ellas. Las mismas personas que usan los medios judiciales que su consejería debe procurar están contemplando con recelo decisiones que se están generando en torno procesos como el que afectó a "La Manada" o, por citar un ejemplo más próximo, al preso grancanario que permanece fugado tras disfrutar de un permiso. ¿Usted cree que la confianza en la justicia está en riesgo?

La justicia no está exenta de errores; tampoco nosotros cuando nos toca tomar decisiones a lo largo de un mandato. En ambos casos se producen decisiones que la sociedad las acatas, pero no las comparte. En el mundo que afecta a la igualdad hay que ser intransigente con algunas de las decisiones adoptadas por determinados tribunales. Esa presión social es la que acabará proporcionando mayor precaución a la hora de dictar una sentencia.

¿Cree que los patrones que se están siguiendo en algunos casos pueden generar un efecto contagio?

A nosotros nos inquieta cualquier síntoma relacionado con el maltrato. La violencia de género se debe combatir desde los niveles más bajos de la educación. Las administraciones públicas están estructurando cada vez mejor los medios para erradicar una problemática que tiene un profundo componente social. Esas conductas no afloran por casualidad. Son situaciones que llevan dentro de una persona muchos años hasta que estallan contra las víctimas. La tolerancia cero de la sociedad ante cualquier atisbo de violencia es otro de los factores que debemos mejorar para proteger a las personas más vulnerables. La esperanza de que las cifras actuales de malos tratos y muertes bajen a corto plazo es real, pero hasta que eso suceda debemos realizar una importante labor en la base y, sobre todo, aislar a las personas que causan esas agresiones físicas y verbales.

Uno de los datos que generan esa alarma social está vinculado con las edades tempranas en las que se dan esas conductas violentas.

A eso me refería cuando hablaba de unir esta problemática con los hábitos educacionales. Tenemos que estar alerta sobre lo que está pasando en las redes sociales, vigilar la información que circula a través de los teléfonos móviles, las conductas extrañas de menores... Nos preocupan las conductas violentas entre jóvenes; ese intento por evitar que la mujer ocupe una posición de igualdad en edades tempranas.

¿Qué valor le otorga a las partidas que proceden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

Las comunidades estamos negociando para que ese dinero no venga por partidas anuales, sino a través del convenio. Eso es una garantía de que se sigue trabajando en torno a esta problemática. En 2018 llegó en el último cuatrimetre, pero ya hemos cerrado un acuerdo para disponer de esos recursos hasta finales de 2019, con lo que no nos veremos obligados a tener que devolver lo que no gastemos. En estos momentos estamos planificando dónde deberían estar las prioridades que debemos acometer este año. Lo recomendable es que ante un asunto tan sensible, sea todo el Parlamento el que se pronuncie respecto a las necesidades que tienen un carácter urgente.

La situación en las cárceles de las Islas no es un cometido de su administración, pero eso significa que haya que obviar una situación que está siendo denunciada a diario en los medios de comunicación.

Esa preocupación existe y la podemos manifestar como cualquier otro ciudadano. Sobre todo, porque lo deseable es que el Estado se siente a escuchar las reivindicaciones de los funcionarios. Tantos las que tienen que ver con sus retribuciones como las referidas a la seguridad en esos centros penitenciarios. Si las agresiones que se producen están relacionadas con la falta de personal y la ineficacia de los protocolos de actuación hay que poner todos los medios para evitar males mayores.

¿De vuelta a un apartado que a usted le toca de lleno, espera un año convulso en la negociación con los sindicatos: la discusión en torno al Salario Mínimo Interprofesional y un crecimiento económico más lento van a ser una de las claves de su agenda de trabajo?

Si lo que me pregunta es si va a existir una relantización de la economía, la respuesta es sí... Eso no significa que vayamos a entrar de lleno en un proceso de desaceleración. No vamos a ir hacia atrás, aunque sí que tendremos que crecer más despacio de lo que teníamos previsto. La conflictividad de la que usted habla se puede dar en cualquier instante, aunque en el ámbito de Canarias confío mucho en los acuerdos de concertación que existen entre empresarios y sindicatos. Espero que la capacidad de diálogo entre las partes evite un calendario repleto de convocatorias de huelgas. Esta comunidad autónoma ha avanzado mucho en la recuperación de derechos que quedaron restringidos durante la crisis, pero es evidente que todavía quedan muchas batallas por librar en el sector de la función pública. En cualquier caso, estoy convencido de que los funcionarios son conscientes de los avances que se consiguieron en los últimos presupuestos.

¿Además de esa recuperación progresiva de derechos que se congelaron por la crisis, qué otras cuestiones van a ser clave este año para el estamento de los funcionarios públicos?

Para este año, al margen de las que no tienen un efecto económico porque ya están reconocidas, los objetivos marcados está vinculados con el hecho de poder utilizar el superávit: la primera sería llevar la jornada a 35 horas efectivas en el sector sanitario y restar dos de la jornada laboral de los docentes de Secundaria... También se incluye la mejora de la paga adicional del personal laboral por equiparación al 100 por cien del complemento específico del personal funcionario.

¿Sí, pero para que eso ocurra le deben autorizar primero el uso de ese superávit?

Eso fue lo que se reflejó en los acuerdos alcanzados en Madrid y que trasladamos a las centrales sindicales. En el supuesto caso de que no se abra el superávit ya estamos otras fórmulas compensatorias. Ese dinero debe ir a las políticas esenciales, es decir, asuntos sociales, educación y sanidad.

En un año electoral unas de las cargas de trabajo de su consejería están encaminadas a la cita con las urnas del mes de mayo, ¿en qué condiciones vamos a llegar a ese proceso?

En esta ocasión encontramos una dificultad añadida a la hora de montar el expediente, ya que el Estado no ha renovado el expediente con las comunidades autónomas para la explotación de los datos informáticos. Eso nos está obligando a trabajar a marchas forzadas para convocar los concursos que nos permitan usar los registros del proceso electoral de Canarias. Esto, que nos va a costar más dinero, es un asunto menor frente al interés mediático que puede generar la puesta en marcha de la disposición adicional del nuevo Estatuto en lo que hace referencia a la lista autonómica. Salvo que el Parlamento se planteara elaborar una Ley Electoral para tratar de resolver estos problemas de forma distinta, la interpretación de esa disposición adicional para el gobierno regional no ofrece ningún tipo de duda: tiene que haber dos urnas y dos papeletas. Esa es la línea en la que estamos trabajando a la espera de que se pronuncie el Parlamento y, a partir de esa decisión, cambien las reglas del juego.

 

JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD