Santa Cruz de Tenerife

Urbanismo cierra tres acuerdos con expropiados del barranco de Santos

El concejal del área, Carlos Tarife, detalla que está a punto de alcanzar un entendimiento con un cuarto afectado, y avanza que se reunirá a lo largo de este mes con los cuatro restantes.
El Día, S/C de Tenerife
13/ene/19 6:38 AM
Edición impresa
Urbanismo cierra tres acuerdos con expropiados del barranco de Santos

El Día, S/C de Tenerife

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha alcanzado un acuerdo con cuatro de las ocho familias que se vieron afectadas por las expropiaciones que se llevaron a efecto para construir la vía del barranco de Santos, cuyas obras se iniciaron el año 2004.

Según detalla el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, con dos de esas familias ya se logró un acuerdo económico -una de ellas ya cobró-, y, con otra tercera, que acudió a los tribunales, se alcanzó un pacto judicial.

Además, avanza, la Gerencia está a punto de cerrar otro acuerdo con una cuarta familia expropiada. Las cifras se mueven entre los 80.000 y los 138.000 euros.

Respecto a los otros cuatro afectados, la intención del concejal de la capital es volver a tener una nueva ronda de contactos antes de que finalice este mes para tratar de cerrar acuerdos también con ellos y pagar las tasaciones que han hecho los funcionarios de la Gerencia. Una de estas personas denunció al ayuntamiento el año pasado en la Fiscalía.

"Queremos liquidar un expediente por el que hemos venido pagando alquileres desde el año 2005", recalca el concejal de Urbanismo de la capital, quien recuerda que a las familias que fueron expropiadas se les prometió un nuevo edificio en el barrio del Perú, en concreto en la calle José Plácido Sansón.

Sin embargo, ese inmueble nunca se construyó y tampoco hay intención de que eso se lleve a cabo en el futuro.

"Queremos parar esta sangría de gastos en alquileres", subraya Tarife, quien subraya que el presupuesto de la Gerencia para 2019 contempla las cantidades necesarias para finalizar el proceso expropiatorio de los afectados por la obra del viario del barranco de Santos.

Como se recordará, en 2014, y según las cifras que se publicaron en aquel momento, el consistorio pagaba 48.000 euros anuales por los alquileres de estas familias.

Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló a favor del consistorio y determinó que el solar en el que se pretendía construir el nuevo edificio para los afectados por las expropiaciones era de titularidad municipal. Las dudas las había planteado en los juzgados el anterior propietario del espacio, que también figuraba entre los expropiados.