El Gobierno ha llevado hoy al Congreso un proyecto presupuestario que sube impuestos a grandes empresas y rentas altas para poder financiar un aumento del gasto social que blinde el Estado del bienestar y consiga ajustar un déficit público más estricto del que planeaba el Ejecutivo.

Estas cuentas pretenden afrontar "los problemas cotidianos de los ciudadanos", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mediante la subida del 1,6 % de las pensiones -el 3 % para las mínimas y no contributivas-, la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, el aumento del 2,25 % del salario de los funcionarios o un mayor gasto en dependencia.

El gasto social presupuestado sumará 209.510 millones de euros y representa el 57,3 % del total, el mayor crecimiento desde 2009, sustentado en una recaudación récord de 227.356 millones gracias a nuevas medidas fiscales y el crecimiento económico.

Los presupuestos eliminan el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren menos de 11.200 euros anuales y para perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, medida que tendrá un impacto de gasto de 300 millones de euros.

El dinero destinado a becas sube un 10 %, las ayudas a las familias aumentan en 321 millones y se destinan 50 millones para material escolar gratuito en las etapas obligatorias.

La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas supondrá un desembolso de 825 millones de euros y el gasto en prestaciones alcanzará los 18.102 millones, mientras el gasto en dependencia se eleva casi un 60 %, con un incremento de 831 millones.

Las cuentas recuperan el subsidio para desempleados mayores de 52 años, que beneficiará a 114.000 personas, y refuerzan la lucha contra la violencia machista.

También incluyen un plan de parque público de alquiler de 20.000 viviendas a precios asequibles para personas con ingresos limitados que viven en zonas donde los precios están "tensionados", dotado con 137 millones.

"Son unos presupuestos justos y redistributivos, que buscan blindar el Estado del bienestar y combatir la desigualdad social y de género, sin sacrificar el crecimiento económico ni la reducción del déficit público", ha reiterado Montero, que no podrá superar el 1,3 % del PIB este año.

En el capítulo de inversiones, la política de infraestructuras contará con un presupuesto de 10.030 millones de euros, principalmente en ferrocarril (5.041 millones) y en carreteras (2.328 millones).

Cataluña recibirá una inversión de 2.251 millones, el 18,5 % del total de la inversión presupuestada, e incluye los 200 millones que se habían prometido a la Generalitat en el marco del Estatuto de Cataluña.

La inversión para Andalucía supondrá el 16,5 %, y la de la Comunidad Valenciana, el 9,8 %.

Investigación, Desarrollo e Innovación civil dispondrá este año de 357 millones más y el gasto en educación se incrementa un 5,9 %.

Para financiar estas políticas, las cuentas prevén una recaudación récord de 227.356 millones, un 9,5 % más, -que la ministra ha negado que esté "hinchada"- impulsada por el propio crecimiento económico junto con una serie de iniciativas fiscales dirigidas a empresas y rentas altas con las que el Ejecutivo pretende lograr un reparto más justo de la riqueza.

Algunas de estas medidas están en las cuentas, como el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades -del 18 % para banca y petroleras- (con el que espera obtener 1.776 millones), la subida del IRPF y el impuesto de patrimonio para rentas altas, la nueva tributación para el beneficio no distribuido de las socimis o la mayor tributación del diésel.

Junto a esto, este viernes se aprobarán dos nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras, y otro a los servicios digitales, con los que se pretende recaudar 850 y 1.200 millones, respectivamente.

Las cuentas establecen una bajada del impuesto de sociedades para pymes -del 25 % al 23 %- y rebajas de IVA para los productos de higiene femenina, servicios veterinarios y los libros, revistas y periódicos en formato electrónico.

Se calcula que los beneficios fiscales ascenderán a 37.237 millones, un 6,9 % más, principalmente por el IVA reducido y las deducciones del IRPF.

El techo de gasto es de 125.064 millones, un 4,4 % más, el mismo que se presentó el pasado verano pese a que el objetivo de déficit es más estricto de lo que planeaba el Gobierno -para la administración central, un 0,3 % del PIB en lugar de un 0,4 % del PIB-.

Esto es posible, ha explicado Montero, gracias a un cambio en el sistema de liquidación del IVA que adelanta diez días la fecha para liquidar el mes de diciembre, ajuste que este año reportará unos 2.500 millones al Estado y otros 2.500 millones a las Comunidades Autónomas.

La ministra ha incidido en que las cuentas son una "propuesta" a los grupos políticos y que durante la negociación los grupos parlamentarios pueden modificar las partidas según los intereses territoriales.

Además, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos para apoyar las cuentas, que inician su tramitación en el Congreso sin la certeza de si van a recabar apoyos suficientes para su aprobación.