La Laguna
TEGUESTE

El secretario rebate el dictamen externo sobre la nueva gasolinera

El funcionario supedita al Cabildo la decisión sobre los incumplimientos apreciados por la Oficina Técnica Informó que debía "archivarse" el procedimiento administrativo.
D. Ramos, Tegueste
14/ene/19 6:15 AM
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El secretario rebate el dictamen externo sobre la nueva gasolinera

D. Ramos, Tegueste

El secretario del Ayuntamiento de Tegueste, José Tomás Martín, discrepa de los planteamientos recogidos en el dictamen externo elaborado por el arquitecto Walter Beltrán sobre la licencia para una gasolinera en Las Toscas. Así se desprende de un informe emitido el 28 de diciembre, en el que el funcionario rebate los argumentos de Beltrán, mientras que supedita a la postura del Cabildo de Tenerife la decisión acerca de los incumplimientos que apreció la Oficina Técnica Municipal.

Para entender lo sucedido hay que retroceder hasta el documento del arquitecto, que fue encargado por el consistorio teguestero previo acuerdo de la comisión de seguimiento de esta nueva estación de servicio, objeto de contestación vecinal. Tras recibir el texto -que apunta que procedía denegar el permiso y que se dio un "fraude de ley"-, la Alcaldía solicitó a la Oficina Técnica y a la Secretaría que se pronunciasen sobre el posicionamiento de Beltrán. Pidió, pues, informes del informe.

A partir de ahí llegó el primer documento firmado por el secretario, con fecha del 3 de diciembre y del que hasta hoy no se conocía su contenido. En esencia, en él establece que es preciso saber "si la autorización otorgada por el Cabildo sigue siendo válida o no" tras "las cuestiones planteadas por la Oficina Técnica Municipal". Se refiere concretamente a los incumplimientos que, en el otro trabajo requerido por el alcalde, había expuesto la aparejadora del consistorio.

El ayuntamiento se dirigió a la institución insular el 4 de diciembre para que se manifestase, mientras que el día 28 el secretario redactó otro escrito -al que, como al resto de los documentos citados, ha tenido acceso EL DÍA- que "complementa", según sus propias palabras, el anterior. En este se va deteniendo en puntos centrales de la argumentación de Walter Beltrán, y termina llegando a cinco conclusiones.

En primer lugar, Martín considera que no resultaban aplicables "las limitaciones impuestas en suelo rústico a las gasolineras con respecto al uso residencial ni las restricciones que se imponen a los usos industriales y de almacenamiento", o dicho en otras palabras: entiende que, al menos desde ese punto de vista, allí cabía una estación de servicio. "Las deficiencias advertidas por la Oficina Técnica Municipal en el informe técnico emitido el día 3 de diciembre de 2018 debieron conducir a la exigencia de modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, salvo que se apreciara que no eran subsanables", indica en el segundo punto, y vuelve a hacer referencia a la postura pendiente del Cabildo tinerfeño.

Que "no está prohibido documentar en un solo proyecto técnico varias actuaciones urbanísticas", que "la modificación del PGO de Tegueste en relación con la clasificación de los usos de infraestructuras y su admisibilidad en las diferentes partes del territorio municipal resulta legalmente procedente" y que, "una vez emitido por el Cabildo de Tenerife el informe solicitado el día 4 de diciembre, se deberán emitir nuevos informes técnico y jurídico en los que se determine la procedencia, en su caso, de incoar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia cuestionada por concurrir causa de nulidad de pleno derecho" completan su pronunciamiento.

Además, la Secretaría elaboró un tercer escrito en el que defiende que procedía "finalizar y archivarse" el procedimiento administrativo ante el recurso contencioso-administrativo interpuesto por otra empresa vinculada con el sector de las gasolineras.

Ya a principios de este mes, y ante ese recurso, el ayuntamiento anunció que paralizaba los informes requeridos, y hasta ahora se desconoce la posición del Cabildo. Al respecto, el edil de SsP Sergio Fernández señala que, según lo que interpreta del primer texto de la Secretaría, el plazo para que la institución insular se expresase vencía el 21 de diciembre.

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