La exalcaldesa de Santa Úrsula Milagros Pérez León (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández Barroso (PSOE) se defendieron ayer de las imputaciones de haber cometido prevaricación al indicar que los técnicos "siempre ratificaron que actuábamos en el marco de la legalidad". Los dos ex cargos públicos ocuparon estos puestos durante el mandato 2011-2015, período en el que, según los denunciantes, "enchufaron" a una veintena de trabajadores sin seguir los cauces adecuados. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 10 años de inhabilitación especial, el máximo para este tipo de delitos.

La versión de Pérez León es muy distinta y señala que tuvieron que proceder a la contratación de estos trabajadores para atender las múltiples necesidades que tenía el municipio: "Cada vez que dábamos un paso consultábamos a la secretaria y nos decía que este tipo de contratos administrativos con límites en tiempo y cuantía eran legales. Nunca nos puso ningún reparo y yo jamás levanté ninguno". Rechazó que en la elección de las personas se tuviera en cuenta su afiliación política al Partido Popular, en su caso, o al PSOE, en el de su socio de gobierno. Lo que sí le advirtieron los técnicos es que estas prestaciones tenían que se pagadas, "porque de lo contrario incurriríamos en un enriquecimiento injusto".

La Fiscalía y el abogado de la acusación particular, sin embargo, relataron casos de personas a las que tras acabarse el contrato recibían indemnizaciones de hasta 5.000 euros o de otra que se puso en nómina para hacerle masajes al exteniente de alcalde. También criticaron el papel que jugó una empresa de trabajo temporal y las contrataciones que se hacían en la Universidad Popular, que depende del ayuntamiento.

La exalcaldesa aseguró que a muchas de las personas contratadas no las conocía "de nada", y justificó la contratación de una empresa que pertenece al familiar de un conocido columnista tinerfeño, pese a que el trabajador carecía de título de periodista; de la pareja sentimental del hermano de una concejal, o de un ingeniero técnico industrial, "sin el cual hubiésemos tenido que cerrar el ayuntamiento". Pero también de un barrendero que consiguió este puesto después de reunirse con la alcaldesa y de que esta le recomendara que acudiera a la empresa de trabajo temporal. Muchos de ellos fueron despedidos después de que en el transcurso de una sesión plenaria se tomara este acuerdo con los votos de varios concejales del propio gobierno.

Barroso apuntó, en el mismo sentido que jamás se les impuso reparo ni informe negativo alguno por parte de los técnicos. Defendió todas y cada una de las contrataciones que llevaron a cabo en aquellos tiempos y negó que hubiese dispuesto de los servicios de un masajista. "No me encuentro cómodo cuando me masajean", llegó a decir. Aseguró que no conocía a ninguno de los trabajadores hasta que comenzaron a prestar sus servicios en el ayuntamiento e ignoraba el papel que se le otorgaba a la empresa intermediaria.

Atribuye la denuncia a las rencillas por parte del candidato de otro partido, Octavio Hernández, quien por aquellas fechas fue despedido de forma procedente del ayuntamiento. En ese momento la juez intervino para recordar que la Fiscalía se ha sumado a las acusaciones y por lo tanto no se puede hablar de una cuestión política.

El denunciante de esta supuesta trama declaró que entre los trabajadores municipales con categoría laboral existía miedo a quedarse en la calle al ver el elevado número de contrataciones que estaba llevando a cabo el nuevo gobierno (PP-PSOE). El mismo día que decidió presentarse a las elecciones sindicales fue despedido.

Declararon varios de los operarios bajo sospecha, quienes acabaron reconociendo que el exteniente de alcalde les decía que la única manera que tenían de obtener un puesto era a través de un negociado sin publicidad. Un antiguo alumno de Barroso presentó un proyecto para discapacidad y finalmente acabó trabajando como capataz agrícola: "Víctor me dijo que la cosa estaba complicada y que la única manera que tenía era recurrir a la prestación de servicios".

La hija de un militante socialista también accedió al puesto de arquitecta municipal después de realizar una simple entrevista: "No me pareció raro que no buscaran a otra persona porque tenía 25 años y no sabía cómo funcionaba el ayuntamiento". Su misión era acabar el Plan General de Ordenación (PGO) que años después sigue sin estar aprobado.