Los pensionistas canario-venezolanos retornados al Archipiélago podrán percibir este año pensiones no contributivas (PNC) del sistema español, una posibilidad que hasta ahora les estaba vedada debido a que el importe que les tenía asignado el país latinoamericano -que no se lo ingresa desde finales de 2015- superaba el umbral establecido para acceder a esta prestación.

De esta manera, el colectivo tendrá la oportunidad de elegir entre dos opciones: cobrar la PNC o percibir la ayuda transitoria que ofrece desde 2018 el Gobierno de Canarias, que el año pasado solicitaron 523 personas en las Islas -206 de ellas en Tenerife- y recibieron 259. Así lo detalló ayer a este periódico la directora general de Políticas Sociales e Inmigración del Ejecutivo, Reyes Henríquez, quien, a tenor de las conversaciones que ha mantenido hasta el momento con las asociaciones canario-venezolanas, aventura que la mayoría de los potenciales beneficiarios se decantará por la prestación no contributiva.

La aplicación de las nuevas tablas de conversión entre el bolívar y el euro ha supuesto que la cuantía de las pensiones que, en teoría, deberían cobrar los afectados haya pasado de 415 euros a entre 50 y 125. De esta manera, la depreciación efectuada por el Gobierno de Nicolás Maduro abre la puerta al derecho de los pensionistas canario-venezolanos de cobrar una PNC, lo que obligará a optar entre esta prestación o la ayuda transitoria del Gobierno de Canarias -un pago único de 5.321 euros, equivalente al importe máximo de una prestación no contributiva en todo 2018-, puesto que ambas son incompatibles.

"Probablemente van a coincidir las dos opciones, aunque mucho menos la ayuda transitoria, porque la mayoría tiene más de 65 años o la declaración de invalidez y podrá acceder directamente a una PNC", explicó la directora general de Políticas Sociales.

De cualquier manera, la ayuda del Gobierno regional seguirá teniendo su utilidad, entre otras cosas porque se ha ampliado el colectivo de beneficiarios. Ya no solo podrán acogerse a ella los retornados que hayan superado los 65 años de edad, sino también los que dispongan de una declaración de invalidez o los potenciales perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.

No es esta la única novedad de la ayuda transitoria en su segundo año de vigencia. Si en 2018 figuraba entre los requisitos haber cumplido 65 años en el momento en que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dejó de abonar las pensiones a los retornados -el último pago se hizo efectivo en diciembre de 2015-, ahora solo será necesario haberlos cumplido cuando se formalice la solicitud ante el Gobierno canario.

Que la ayuda se pueda pedir directamente a la Dirección General de Políticas Sociales en cualquier registro oficial -y no en los ayuntamientos- constituye otra modificación de esta prestación. Además, quienes la recibieron en 2018 no tendrán que entregar de nuevo la documentación. Bastará con presentar una declaración responsable de que reúnen los requisitos: la edad, haber dejado de cobrar la pensión venezolana en 2015, encontrarse en situación de carencia económica o exclusión y estar empadronados en Canarias. El propósito de estos cambios es, según Henríquez, que "el proceso sea mucho más ágil".