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A BABOR FRANCISCO POMARES

¿Quién recuerda las microalgas?

18/feb/19 6:32 AM
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Año y medio después de la primera crisis de las microalgas y de la muy justa escandalera montada en torno a la ausencia de inversión en plantas depuradoras en la isla (y en el resto de Canarias), parece que cuando llega la hora de tomar decisiones nadie quiere hacerlo. En los últimos días se han producido marchas, concentraciones y pronunciamientos contras las depuradoras comarcales previstas de Buenavista del Norte, La Victoria y San Juan de la Rambla. En los dos primeros municipios, la instalación ha sido rechazada no solo por los vecinos afectados, también unánimemente por todas las fuerzas políticas municipales. Lo que parece realmente asombroso es que se opongan también partidos como el PSOE, el PP o Coalición Canaria, con años de experiencia en la gestión municipal, conocedores de la situación que existe en el norte de la Isla, con aguas residuales no depuradas que se vierten directamente al subsuelo y podrían estar envenenando el acuífero. Y que esos partidos mantengan la negativa a la instalación de depuradoras, sabiendo perfectamente quienes gobiernan los municipios que hay que acabar con los vertidos de aguas residuales al subsuelo, a los barrancos y a nuestras costas.

Por supuesto que a nadie le apetece que le monten una actividad industrial molesta al lado de su propia casa. Menos una depuradora, de las que existe la idea muy extendida -y, además, comprobable, sin ir más lejos, en los accesos a Santa Cruz de Tenerife- de que emite olores nauseabundos. El problema no es el rechazo de los ciudadanos, a los que se engatusa con la opción de 'depuradoras naturales' que sólo pueden resolver el problema en núcleos muy pequeños, y con un esfuerzo de limpieza constante de los desechos no biodegradables, toallitas, algodones, que -cada vez más- van a parar a los retretes. Los vecinos no tienen por qué conocer que las modernas plantas soterradas son más eficaces, más ecológicas en el tratamiento de desechos y han logrado eliminar el problema de los olores. Los políticos sí tienen la obligación de saberlo y de esforzarse en explicar a los vecinos las ventajas e inconvenientes del tratamiento de aguas. Los alcaldes y concejales cobran un sueldo público para gestionar los intereses del municipio, no para dar la razón -cuando se acercan las elecciones- a ciudadanos a los que no se ha proporcionado la información necesaria. En Tenerife, además de la vieja depuradora de la capital instalada en el barrio de Buenos Aires (curiosa ironía), existe una planta modélica, que es la de Valle Guerra. En vez de sumarse a decisiones que van en contra de la defensa del entorno, de la salud y de algo tan importante como las reservas de agua de la Isla, los alcaldes y concejales de los tres municipios norteños podrían haber invitado a una representación de los vecinos directamente afectados a visitar la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Brava, construida hace ya dos décadas en pleno centro turístico del Puerto de La Cruz, y dotada después de sistemas que impiden los malos olores. O, mejor aún, a visitar la depuradora de Valle Guerra -mucho más moderna y muy parecida a las que se precisa instalar en el Norte- para comprobar 'in situ' que las cosas han cambiado.

Pero los políticos han optado por lo más sencillo, sumarse a lo fácil. Mientras, seguimos tirando imperturbables nuestra porquería sin depurar al mar. Cuando la veamos flotar frente a nuestras costas, volveremos a quejarnos de que nadie hace nada.

A BABOR FRANCISCO POMARES