El Consejo de Ministros aprobó ayer un Régimen Especial de Baleares (REB), cuyo objetivo es establecer medidas económicas y fiscales para compensar la insularidad, es decir, un REF para la región de Baleares, una de las más ricas de España. Se da el caso de que Baleares es una región gobernada por los socialistas en coalición con el partido ecosoberanista Més per Mallorca -partidario de convocar un referéndum vinculante sobre la independencia- y con el apoyo externo de Podemos.

Ocurre que el Régimen Especial Balear se ha aprobado solo parcialmente y a toda prisa, para adelantarse a la disolución de las cámaras. Para que el REB sea operativo se requería que el Consejo de Ministros aprobara una parte por decreto-ley y otra, a través de un anteproyecto de ley, pero ese anteproyecto no pudo ser aprobado ayer, porque no estaba aún preparado. Existen, además, serias dudas de los servicios jurídicos del Gobierno español, corroboradas por la propia presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que ayer reconocía que si se aprobara la parte fiscal del REB por decreto-ley, lo más probable es que fuera "tumbado por el Tribunal Constitucional". Por eso, el Gobierno de Sánchez ha precipitado los acontecimientos, a la espera de que en la próxima legislatura la parte fiscal sea aprobada por ley, gobierne quien gobierne.

De momento, el decreto-ley, pendiente aún de que se produzca su validación por la Diputación Permanente del Congreso, ya está en vigor. En él "se reconoce el hecho insular como circunstancia a tener en cuenta en el equilibrio del territorio español", además de ser la garantía de que las Islas Baleares estarán en la media de inversión del Estado por regiones, que es lo mismo que garantiza el REF canario. Pero los baleares lo han hecho mejor: el decreto-ley que aprueba su Régimen Especial crea un fondo dotado con 150 millones de euros para inversión en materia energética, que destinará en los próximos diez años cerca de 1.600 millones a financiar el tendido del cable eléctrico submarino que debe conectar Mallorca con Menorca y con la Península.

El precipitado apoyo del Gobierno de Sánchez a la incorporación de Baleares a las ventajas fiscales y económicas de un sistema económico y fiscal inspirado en el canario no debiera ser interpretado como una mala noticia, todo lo contrario. Es bueno que se reconozca el hecho insular y que se garantice a las regiones no peninsulares una inversión estatal similar a la media española. Lo que sí es una mala noticia -y mucho- es la forma chapucera en que se ha utilizado la fórmula del decreto-ley para inyectar recursos extraordinarios a una de las regiones españolas más ricas, que eso ocurra coincidiendo con el tiempo en el que las garantías del REF canario el Gobierno Sánchez se las pasa por el refajo. Ya sabíamos que hay españoles de primera y de segunda. Ahora sabemos también que va a haber isleños de dos categorías. Y a los de aquí abajo, como siempre, nos toca bailar con la más fea.