El Estado ha reconocido el sistema caótico que ha generado la aplicación del bono social eléctrico y, a demanda de las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, se ha comprometido a diseñar un nuevo decreto que permita simplificar el procedimiento. Este fue uno de los asuntos abordados en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia celebrado ayer en Madrid, a la que asistió la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
Desde que entró en vigor la nueva normativa del Bono Social, el Gobierno de Canarias ya había alertado del problema de gestión del proceso para acceder a este descuento en la factura de luz que, en el Archipiélago, con datos relativos al mes de febrero, ha supuesto que más de 26.100 usuarios hayan visto sus solicitudes denegadas por problemas de comprobación de la documentación introducida en el aplicativo, dado que los sistemas informáticos no son compatibles.
La responsable autonómica del área subrayó la prioridad de afrontar este cambio: "Necesitamos un procedimiento más simple, que beneficie a los usuarios que necesitan esta ayuda, y que no suponga un obstáculo para administraciones y demandantes", señaló. "De ahí la importancia -precisó- de que se esté negociando ahora un nuevo decreto".
Además, en el seno de este Consejo, según informó, además, la consejera Valido, se acordó para 2019 el mismo reparto inicial que en 2018, en relación a la cantidad que se distribuirá entre entidades sociales con cargo a la casilla de Fines sociales , el 0,7% del IRPF, por lo que Canarias recibirá como mínimo el mismo importe que en 2018.
En materia de dependencia, Valido aclaró que las comunidades autónomas demandaron la ampliación del acuerdo de financiación del nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a través de un Real Decreto. Sobre este punto, indicó que "habrá que esperar a ver si cumplen con el compromiso adquirido por el Estado en esta materia".
En relación a los 18 millones de euros correspondientes a la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que el Estado no ha abonado aún a Canarias, manifestó la consejera que la secretaria de Estado, Ana Lima, le aseguró en el seno de la reunión que "está en trámites en Hacienda previos a su ingreso".
Hay que recordar que Canarias debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, de los que solo llegó a contar con 12 millones.
El anteproyecto de Ley orgánica de Protección integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, el Plan Nacional contra el Alzheimer, el proyecto sobre el nuevo sistema de información de Servicios Sociales y la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 fueron otros de los asuntos abordados en el seno de este Consejo que reúne periódicamente a los responsables estatales con los autonómicos.