Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
El Tenerife se aleja del ascenso directo al caer ante un ordenado UCAM leer
SANIDAD FACTURAS

PSC acusa Clavijo y Dávila de montar "follón" para tapar el caos del cierre de cuentas del SCS

Santa Cruz de Tenerife, EFE
14/mar/17 16:03 PM
eldia.es
Iñaki Lavandera./Ramón de la Rocha (EFE)

El PSC ha acusado hoy al presidente Fernando Clavijo y a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, de montar "un follón" con las facturas impagadas para "tapar el caos" ocasionado con el cierre presupuestario anticipado, y ha advertido de que Sanidad requirió en noviembre de 2016 que se le autorizase a pagar 689 expedientes por 49 millones de euros.

La presidenta y el portavoz del grupo parlamentario Socialista, Patricia Hernández e Iñaki Lavandera, respectivamente, han calificado en rueda de prensa de "desinformación" los datos ofrecidos ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias respecto al gasto sanitario, según los cuales hay 241 millones de euros en facturas pendientes de pago en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La consecuencia directa de este hecho es el incremento en el período de pago a los proveedores y por lo tanto, el incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de uno de los objetivos de estabilidad presupuestaria e Iñaki Lavandera aseguró que esto es responsabilidad "única y exclusiva" de Clavijo y Dávila por su política "predeterminada" de cerrar anticipadamente el presupuesto de 2016.

Argumentó el portavoz socialista que según los datos ofrecidos ayer de las facturas pendientes de pago hay 121 millones de euros sin partida presupuestaria, cuando esta cantidad en 2014 fue de 145 millones y en 2015 de 122 millones, es decir, que el año pasado se redujo.

Además la Comunidad Autónoma contaba desde 2012 con la inyección de fondos a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica que en la última ocasión en que se distribuyó, en mayo de 2015, distribuyó 136 millones de euros para los pagos en sanidad.

En 2016 la Consejería de Sanidad manejó "cero euros" por este concepto, añadió Iñaki Lavandera, quien aseguró que es intención de la Consejería de Hacienda "castigar a los más débiles, los usuarios del sistema sanitario público".

"¿Dónde ha existido mala gestión del gasto?", se preguntó el portavoz, para quien es "chocante" que en noviembre de 2016 Canarias fuese la Comunidad Autónoma peor financiada del Estado y sin embargo presumiese de ser la de mayor superávit.

Afirmó también Iñaki Lavandera que fue la orden de cierre presupuestario anticipado en septiembre del año pasado es la que provocó que "cientos de expedientes" sanitarios quedasen "retenidos" en Hacienda en su "obsesión" por ver a la Sanidad como un problema.

Al respecto, la presidenta del grupo parlamentario y exvicepresidenta del Gobierno canario Patricia Hernández aseguró que ha demostrado en sede parlamentaria que Fernando Clavijo "ha mentido" y hoy ha facilitado datos para mostrar que también Rosa Dávila "miente", pues ambos "se han inventado un escándalo, una coartada, para tapar el caos" ocasionado por el cierre anticipado de las cuentas autonómicas.

El cierre fue un castigo para los trabajadores públicos y los proveedores y sus consecuencias se deben única y exclusivamente a la Consejería de Hacienda, a la que Hernández también acusó de mentir porque, afirmó, contó a los medios de comunicación de que esta decisión no afectaba a los servicios públicos esenciales pero en la orden publicada en el Boletín Oficial consta lo contrario.

Mostró la exconsejera de Empleo, Política Social y Vivienda un listado de 689 expedientes por importe de 49 millones de euros que remitió en noviembre del año pasado la Consejería de Sanidad a la de Hacienda para insistir en que debía abonar los servicios correspondientes a sus proveedores.

En agosto del año pasado el período medio de pago a los proveedores sanitarios era de 18,85 días, y de 16,60 en el general de la administración autonómica, por lo que se preguntó si el aumento que se registró después en dicho plazo a 27,51 días no se debió precisamente a la orden de la Consejería de Hacienda.

Este cierre "injusto e injustificado" es el que lleva a la Comunidad Autónoma a incumplir los plazos a los proveedores y al conocer este dato, que próximamente publicará el Ministerio de Hacienda, el Gobierno regional "monta un follón", reiteró Patricia Hernández, quien advirtió de que "si fuera menester, sacaremos los correos" en los que se solicita "de forma reiterada" aprobar sin más dilación los expedientes de pago.

"Querían ser los más listos, los primeros de la clase, y van a suspender debido a este cierre anticipado", aseveró Hernández, mientras que Iñaki Lavandera sostuvo que todas estas "trabas, requisitos y medidas injustas" en una Comunidad que presumía de superávit de 343 millones de euros tenían como objetivo "poner los hombros de negro de Dávila ante la Consejería de Sanidad".