Criterios
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
El Dimnurol Libby's tinerfeño, semifinalista a costa de un errático 7 Palmas leer
CRISTINA VALIDO*

Los canarios con dificultades, los más olvidados por Madrid

10/feb/19 6:31 AM
Edición impresa

Octubre fue un mes histórico para Canarias. Lo reflejaron los titulares de la prensa de las Islas y era evidente en los rostros de satisfacción de todos los políticos -con independencia del partido en el que militaran- que se trasladaron al Congreso para vivir, en directo, la aprobación del nuevo Estatuto, y también lo fue posteriormente, cuando el texto se rubricó en el Senado. Canarias, por fin, se dotaba de una norma que, entre otros logros, desvinculaba la financiación autonómica del Régimen Económico y Fiscal (REF), quedando este anclado al nuevo fuero. Se abría así el camino para conseguir que la sociedad canaria, históricamente infrafinanciada, recibiera los recursos que le correspondían, incluidos aquellos necesarios para reducir la brecha social que existe en nuestra tierra y asegurar que los índices de exclusión social continuarían reduciéndose. La alegría, sin embargo, duró poco.

Cuando todavía estamos peleándonos con el Estado para que nos ingresen 18 de los 30 millones de euros recogidos en 2018 para combatir la pobreza, nos encontramos con un proyecto de presupuestos que ignora todos los compromisos adquiridos. Según el REF, "el Gobierno de España consignará anualmente en los presupuestos generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional. Esta dotación económica tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que en cada momento tenga la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión". Sin embargo, en los PGE de 2019 la partida destinada a tal fin es de 0 euros frente a los 30 millones de 2018.

La desigualdad que existe en Canarias es fruto de problemas estructurales que arrastra nuestro territorio, derivados de la lejanía y la fragmentación, pero especialmente acrecentados por la deficitaria financiación que ha recibido siempre. Eso hace que los indicadores que nos comparan con el resto del Estado nos dejen siempre en mal lugar: se hacen en función de la renta media de todo el país. Es decir, son tasas que miden las diferencias relativas entre regiones, por lo que si incrementa o disminuye la renta media en otras comunidades autónomas hay más o menos personas en riesgo de exclusión social en las Islas, aunque nuestros ingresos no hayan variado en un solo euro. En cambio, si hacemos esa comparación solo entre los ciudadanos que vivimos en las Islas, es decir, usando un umbral regional, el resultado es diferente. Entonces, la tasa de riesgo y exclusión social es similar a la media.

El informe AROPE, que ha ocupado tantos titulares en la prensa local, también nos advierte de esta doble lectura. Esta explicación no hace que los datos sean menos dolorosos, pero tampoco se puede obviar que, en cualquier caso, un Estado debe preocuparse siempre porque se cumpla el principio de solidaridad previsto en la Constitución.

Eso es, justamente, lo que persiguen las dos normas más ambiciosas que hemos conseguido aprobar en los últimos meses, pero la realidad sigue siendo bien distinta. Sospechábamos que nuestras reivindicaciones iban a caer en saco roto y ese presagio se convirtió en una certeza esta semana, tras la infructuosa reunión de nuestro presidente, Fernando Clavijo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La confirmación de que el PSOE quiere que Canarias vuelva a ser la "cenicienta" del Estado han hecho que mi partido, Coalición Canaria, presente una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Nos negamos a seguir siendo el vagón de cola de un país que avanza a dos velocidades a causa de un gobierno que no promueve la equidad entre regiones, sino que se rige por un interés puramente electoralista. No se trata solo de que sea injusto, sino de que esa discriminación es peligrosa, capaz de alentar el desencanto entre los ciudadanos. En los tiempos que corren, necesitamos políticos con altura de miras, capaces de trabajar por el progreso de un país en el que quepan todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones. En cambio, hoy más que nunca, esa visión no existe y tenemos que reivindicar con más fuerza la presencia de políticos nacionalistas que sitúen a Canarias en el mapa español.

*Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

CRISTINA VALIDO*