Santa Cruz de Tenerife
SUPREMO ROSELL

Podemos exige dimisiones en Fiscalía por la investigación a Victoria Rosell

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
13/jul/17 13:33 PM
eldia.es
El líder de Podemos, Pablo Iglesias./Emilio Naranjo (EFE)

Podemos ha exigido hoy la dimisión del fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, y del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, por "vulnerar los derechos fundamentales de Victoria Rosell" en la investigación que abrieron sobre ella.

La petición de Podemos llega después de que el Tribunal Supremo haya sentenciado que la Fiscalía se excedió en la investigación que abrió a la magistrada cuando ésta anunció que se presentaba al Congreso como cabeza de lista del partido de Pablo Iglesias por la provincia de Las Palmas.

Según la sentencia del Supremo, la Fiscalía "se excedió e invadió las competencias en materia disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial", vulnerando así los "derechos fundamentales de Victoria Rosell.

Tras conocer esta sentencia, la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha asegurado que "es inaudito que estas dos personas (Garrido y García Panasco) todavía ocupen un cargo relevante dentro del Ministerio Fiscal" y ha añadido que la labor de la Fiscalía no es vulnerar los derechos fundamentales, como ha hecho con Rosell, sino "protegerlos".

Para concluir, Santana ha opinado que "una vez más se pone en entredicho a nuestro sistema judicial y se refleja la utilización partidista que se realiza de determinados órganos".

Victoria Rosell fue investigada por la Fiscalía tras recibir de un denunciante anónimo informaciones que podían poner en duda su actuación en un procedimiento por fraude fiscal que instruía contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportivas La Palmas.

En concreto, ese anónimo señalaba que la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, había llegado a un acuerdo para traspasar a la UD Las Palmas la gestión de una licencia de radio a cambio de 300.000 euros, lo que se utilizó para cuestionar si Rosell había cumplido o no con su deber de abstenerse de intervenir en procedimientos donde pudiera tener intereses personales indirectos.

El asunto acabó forzando la renuncia de Rosell a presentarse a unas nuevas elecciones cuando se disolvieron la Cámaras, pero luego fue archivado tanto por el Consejo General del Poder Judicial (en el plano disciplinario), como por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (en el penal).