La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, indicó ayer que su entidad "aumentará las medidas de protesta" ante la negativa del PP a aceptar la "dación en pago", pese a las instrucciones dadas a la Policía para "identificar" a los asistentes en las movilizaciones.
La dirección adjunta operativa de la Policía ha distribuido por todas las comisarías una orden en la que se señala que se deberá proceder "a identificar" y "sancionar" a quienes participen "en actos de hostigamiento y acoso" en domicilios de políticos o en sus sedes, lo que se conoce como "escraches".
Según indicó la portavoz de la PAH en unas declaraciones a Efe, las órdenes dadas a la Policía "son inadmisibles" y añadió que "el Gobierno se equivoca si cree que va a coartar los derechos de la ciudadanía".
Colau considera que "no está justificado" que se ordene a la Policía "presionar" a los participantes en las protestas "cuando la PAH tiene una larga trayectoria, y siempre ha realizado acciones pacíficas".
Interpretó, además, la forma de actuar del Gobierno español como "un intento de desviar la atención respecto a lo que está ocurriendo en éste país, que son unos desahucios ilegales que dejan a miles de personas en una situación límite que no tiene comparativa en ningún otro país europeo".
Según Ada Colau, en un momento en el que la plataforma cuenta con más apoyos que nunca, "el Gobierno empieza una escalada de difamación y de confusión" pero esto, precisó, "no evitará que lleguemos donde tengamos que llegar" con lo cual lo que está haciendo "se le podría volver en contra".
Subrayó que "la plataforma seguirá defendiendo los derechos humanos de este país" frente a un gobierno empeñado "en defender sólo a las entidades financieras, a pesar del acoso a que estas someten a la población".
En este punto, la portavoz de la PAH lamentó que el Gobierno del PP, "en lugar de actuar contra unas entidades financieras que llevan a cabo prácticas abusivas, estafas, amenazas y chantajes", lo que hace "es rescatarlas sin ninguna contrapartida social".
Por otra parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, consideró ayer una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.
Benito respondió así, en declaraciones a Efe, a la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.
Los escraches son, en Argentina, las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura, un término que ha recuperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", subrayó el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía. Recordó que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.
Sin embargo, Benito cree que la instrucción supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de la normativa.
Antes de ayer, 28 de marzo, el Ministerio del Interior cursó la orden a todas las comisarías del Estado para luchar contra el escraches.
La contestación social contra los desahucios ha alcanzado niveles de crispación en todos los sectores sociales, ya que se ha convertido en un problema nacional.