Lunes 6 de mayo, o sea hoy. Hora: 10:00. Lugar: La Piterita, Finca de España, municipio de La Laguna. Víctima: Rosario Margarita Galván García. Verdugo: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan). Causa: desahucio, o mejor, lanzamiento de su vivienda. El Tribunal Europeo ya ha sentenciado que esto podría no ser legal. Este periódico titulaba el pasado domingo 28 de abril ("hace muchos meses") que el Gobierno de Canarias había propiciado en plena crisis 500 desahucios y ni uno más. Pero han llegado el 501, 5o2 , 5o3 , 504... La lista parece interminable, tanto como aquella en la que se apuntan los canarios con necesidad de vivienda social.

Rosario Margarita fue denunciada, al parecer, por su propia trabajadora social, quien puso en conocimiento de Visocan que había ocupado la vivienda. La empresa (pública) interpone denuncia por "usurpación violenta del inmueble". El pasado 30 de abril, la policía se persona en el domicilio de Rosario que es detenida, esposada y llevada a los calabozos como si de una criminal se tratara. Tras ocho horas de retención es puesta en libertad "provisional sin fianza". Su desalojo es señalado para la fecha indicada (hoy para el lector). Ella, aseguran los denunciantes, no tiene recursos. Si los tuviera o tuviese, la sociedad exige que lo primero será demostrarlo, luego pactar y al final desahuciar.

El Gobierno de Canarias asegura en otro mensaje que "solo desalojará a quien incumpla la ley", pero nunca por causas económicas. Los afectados denuncian que los acuerdos de Visocan son abusivos. Y para prueba... Esta mañana, otro desahucio. Y puede no ser el último.