El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha observado un "apreciable efecto" de las tasas judiciales a la hora de reducir el número de procedimientos emprendidos por los ciudadanos. No obstante, desde el órgano de gobierno de los jueces advierten que aún es pronto para hacer valoraciones de fondo y es necesario disponer "de una perspectiva temporal más amplia".

Así se señala en el informe "La Justicia dato a dota", presentado ayer por el vocal de este órgano Miguel Carmona en lo que supone una primera valoración del impacto de las tasas en la entrada de los órganos judiciales en base a la Estadística Judicial, que recoge datos del cuarto trimestre de 2012 y del primer trimestre de 2013.

Estos primeros datos arrojan un descenso del 14,9% del número de asuntos ingresados en los juzgados de lo Contencioso (sin tener en cuenta las demandas masivas por las bajadas de salarios a los trabajadores públicos), que fueron eliminadas del análisis.

Por lo que se refiere a la actividad administrativa sancionadora, cuya competencia es de la Audiencia Nacional, el descenso fue del 36,3%. Según Carmona, "las cifras desnudas de variación" respecto de los datos de actividad judicial de periodos anteriores "pueden ser equívocas", pues hay que tener en cuenta que la entrada en vigor de las tasas coincidió con otros factores como la propia crisis y modificaciones legislativas que imponen la necesidad de utilizar abogado por parte de los funcionarios o la condena en costas.

Pese a todo ello, en la jurisdicción contenciosa sí se ha observado un apreciable efecto de las tasas, "pues en todos los tipos de procedimientos que se han comparado se ha observado una reducción entre los valores observados y los que eran previsibles antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas". Así, en los juzgados de lo Contencioso se esperaba el ingreso de más de 56.000 asuntos y se observó la entrada de casi un 15% menos, un total de 48.164 euros.

En los juzgados de lo Contencioso de la Audiencia Nacional se observaron importantes picos motivados por las bajadas de retribuciones del personal público o las reclamaciones derivadas del conflicto de AENA. No obstante, a partir del tercer trimestre el CGPJ observó un importante crecimiento de los actos de organismos. Por ello, se limitó la comparación al tipo de asuntos con una mayor estabilidad. En este punto se esperaban unos 553 asuntos y se observó la entrada de 352 (-36,3%).

En los tribunales superiores de justicia, sin tener en cuenta los casos de función pública, los asuntos ingresados fueron 14.738 frente a los más de 18.000 esperados, por lo que la rebaja fue del 19,7 por ciento. En la Sala de lo Contencioso de la Audiencia la rebaja llegó al 6,4 por ciento.

En los juzgados de lo Social también se observó un efecto similar con los recursos de suplicación interpuestos. Así se observó una reducción del 15,5 por ciento entre el valor previsible y el reflejado en los trimestres cuarto de 2012 y primero del presente año.

En la jurisdicción civil las conclusiones son más difíciles de obtener. Los juzgados de competencia mercantil mostraron un ingreso muy superior al previsible, del 22,5 por ciento, incluso en los asuntos de naturaleza no concursal.

Además, en los juzgados de primera instancia e instrucción se produjo una importante anticipación en la presentación de asuntos durante el mes de noviembre y una caída posterior.

Según el informe del CGPJ, en los juicios verbales y los ordinarios no se aprecia efecto de las tasas (los casos aumentaron un 1,5 y un 6,4%, respectivamente), mientras que en los monitorios y cambiarios el impacto fue pequeño (una reducción del 6,1 y del 2,2%).

Al no disponer de información desglosada por los importes reclamados, el CGPJ señala que no puede valorar los efectos de las tasas en la jurisdicción civil.

Canarias, la comunidad que más dinero destinó a Justicia

Canarias fue la comunidad con competencias en Justicia que más presupuesto por habitante destinó a este servicio el pasado año, 78,3 euros, 8,2 euros más que el conjunto de estas comunidades, donde la media fue de 70,1 euros, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En los datos facilitados ayer por el CGPJ, Canarias figura además como la comunidad que más incrementó su presupuesto en Justicia el pasado año, un 30 por ciento, al pasar de 127 millones de euros de 2011 a 165,7 millones del año pasado, por lo que fue, tras Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, la que más financiación dispuso.

El presupuesto destinado a Justicia en el Archipiélago canario representó el 0,40 por ciento de su PIB, el porcentaje más alto de toda España, donde la media fue del 0,32 por ciento.

Según los datos del CGPJ, la comunidad canaria fue, después de Asturias, la que más incrementó el gasto destinado a la justicia gratuita, al presupuestar en 2012 un total de 21,3 millones de euros, un 49 por ciento más que en 2011, periodo en que dispuso de 14,3 millones de euros.

Por otro lado, el informe señala que el número de mujeres jueces superó al de hombres durante el pasado año alcanzando un 50,1 del total, anunció la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

Según explicó la portavoz en rueda de prensa, de una plantilla judicial integrada por más de 5.000 jueces un total de 2.524 son mujeres. Además, destacó que la carrera experimentará en los próximos años una progresiva feminización dado que la franja de edad con mayor presencia de juezas es la de los 20 a los 50 años, donde se encuentran "en franca mayoría", frente al tramo de los 50 a los 70 años.

Bravo se refirió también al número de magistrados en ejercicio por cada 100.000 habitantes, que, ha dicho, sigue sin alcanzar los 11, muy lejos de la horquilla europea de 16.

43.858 desahucios

Los jueces acordaron 43.858 lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, es decir, desahucios por impago de la hipoteca, en 2012, lo que no implica que esa cifra equivalga a familias que quedaron en la calle, ya que pueden referirse también a empresas o segundas viviendas. Para hacer una estimación de las familias que perdieron su vivienda habitual el CGPJ recurrió a datos del Colegio de Registradores y del Banco de España, los cuales registraron entre 49.000 y 32.000 viviendas habituales desalojadas por incumplimiento de hipoteca en 2012. Ambos estiman entre 11.000 y 14.000 las daciones en pago.