El debate sobre la conveniencia de extraer petróleo en las aguas que rodean a Canarias -de haberlo- cuenta a partir de ayer con otro instrumento de análisis: un informe impulsado por la Cátedra de Turismo CajaCanarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la patronal sectorial (Ashotel), que aborda el asunto desde la perspectiva del turismo. Si bien evita pronunciarse a favor o en contra de llevar a cabo la explotación de crudo -los investigadores confiesan que cuanto más aprenden de todos los aspectos implicados, más difícil se les hace tomar partido en cualquier sentido-, hay un punto de encuentro: la toma de una decisión se facilitaría si el debate incluyera, además de los argumentos medioambientales, económicos y sociales, qué compensaciones o beneficios recibiría la región -de haber alguna- por asumir en su territorio la realización de una actividad que lleva aparejado un riesgo que ahora mismo no existe.

Los investigadores, explicó una de las autoras del trabajo, Noemí Padrón -del área de Economía Aplicada de la ULL-, contrapusieron los argumentos esgrimidos entre defensores y detractores de realizar tanto las prospecciones como la eventual extracción de crudo. Después de ordenarlos, descartaron los menos sólidos ante los de mayor peso y desmontaron algunos planteamientos que forman parte del debate en la calle, como que la explotación del petróleo implicaría la renuncia a un modelo energético más apoyado en las fuentes renovables, como alegan los detractores, o que la extracción del crudo crearía 5.000 empleos en la región, como dicen los partidarios.

Fueron los especialistas que integraron la mesa redonda constituida justo después de la presentación del informe los que defendieron la necesidad de incluir en el debate de las prospecciones y la eventual extracción de petróleo si Canarias podrá percibir algún beneficio -económico o de otro tipo- en compensación por la realización de la actividad.

Si ese punto estuviera claro, explicaron, la adopción de cualquier postura partiría de una certeza sobre algo que parece evidente: los peligros de la extracción solo se asumen en el Archipiélago, pero los beneficios -700 millones de euros por año según Repsol, la empresa privada que tiene interés en sacar adelante la operación- irían a parar al Estado, que es el que tiene las competencias en esta materia y es el titular del Impuesto sobre Sociedades. Es cierto que desde el Ejecutivo central se ha dejado ver la posibilidad de crear un canon para Canarias, pero hoy día no existe ni hay certeza de que vaya a existir ni a cuánto ascendería.

Entre otros aspectos, esta necesidad de aclarar los términos para la región está justificada en que un tercio del PIB regional depende del turismo, actividad que puede entrar en conflicto con la extracción del petróleo a pesar de conocerse casos -Noruega o Brasil- donde ambas conviven desde hace décadas. "Hay peculiaridades en cada caso", advirtieron los menos proclives a que haya perforaciones a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los partidarios restaron importancia a la probabilidad de accidentes en las prospecciones.