Santa Cruz de Tenerife

Reúnen miles de firmas para normalizar el consumo de cannabis en Canarias

20/02/2015 11:24
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Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La Plataforma Canarias Se Planta y Firma, integrada por asociaciones de consumidores de cannabis y simpatizantes, ha logrado reunir hasta la fecha unas cinco mil firmas para tratar de normalizar el consumo de esta sustancia y que no sólo sea considerado como algo lúdico, sino también terapéutico.

El siguiente paso sería la constitución de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias, que se vendría a sumar a las que ya existen en la Comunidad de Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña, que, como reconocen los responsables de esta iniciativa, "llevan años de adelanto".

Uno de sus promotores es Egoitz Quevedo, portavoz de la plataforma, que ha ofrecido una entrevista a Europa Press para explicar en qué consiste esta campaña y las ventajas sociales y culturales que podría suponer.

"Estamos trabajando para explicar a la ciudadanía qué es una asociación cannábica, qué beneficios tiene y cómo aporta a la sociedad tanto en los proyectos de tipo social que ya se están realizando, como donaciones a comedores sociales, protectoras de animales, y de tipo cultural, como conciertos y exposiciones", explica.

Egoitz Quevedo reconoce que la existencia de este tipo de asociaciones contribuye a combatir el tráfico de cannabis, pues "cuantas más asociaciones haya, menos se tenderá a ir al mercado negro, ya que hablamos de un círculo cerrado y transparente".

En Canarias existen 77 asociaciones cannábicas, 37 de ellas en la isla de Tenerife, el 70% en el sur. En Gran Canaria hay 20, en Fuerteventura 8 y en Lanzarote 12. Cada asociación cuenta con unos 250 socios de media, lo que supone unos 20.000 asociados, si bien el número de consumidores de cannabis es bastante mayor.

Con el respaldo de todas ellas, el fin de la plataforma es, según Quevedo, "educar y explicar" a la ciudadanía que una asociación cannábica no sólo tiene un fin lúdico, sino también terapéutico, pues cada vez más acuden a las asociaciones enfermos oncológicos o derivados de las unidades del dolor, o personas que padecen migrañas, trastornos del sueño y alimenticios.

En cuanto a la Federación, añade el portavoz, surge como una necesidad de las asociaciones para ver si es posible lograr una regulación en Canarias en la que "colaboremos todos" (administraciones públicas y asociados) para acabar con la idea de que el consumo de esta sustancia no tiene ningún control o que genera exclusión social, pues entre el 75% y 80% de los asociados son mayores de 30 años, con familia y trabajo.

Entre los aspectos en los que más quieren hacer hincapié es en el terapéutico. Así, señalan que en Cataluña ya existe un borrador a este respecto, e incluso ya se financia un medicamento con cannabis, y en la Comunidad de Navarra las asociaciones cannábicas ya están reguladas.

"Estamos hablando de que hay que pequeños pasos que se están dando a nivel nacional, incluso a raíz de sentencias judiciales a favor de este tipo de asociaciones porque entienden que actúan en un círculo cerrado y porque el cultivo y consumo de esta sustancia no está penado en el Estado español. Consideran, además, que el cannabis no es una droga dura como puede ser el alcohol, que sólo el año pasado provocó 5.000 muertes en España", apunta el portavoz.

CULTIVOS: UN TEMA "MUY DELICADO"

Pese a todo, las asociaciones reconocen que no se sienten perseguidas, pues tanto el Ministerio del Interior como el Gobierno de Canarias les conceden un registro y un CIF, aunque admiten que el tema de los cultivos sí es un tema "muy delicado", porque aunque sean para 3 ó 500 socios, desde que la Policía incauta un cultivo, en el 80% de los casos se destruye, con independencia de que tengan un uso terapéutico.

Las asociaciones insisten en que este cultivo, así como la dispensación y la producción, forman parte de un circuito cerrado sólo abierto a los socios, de ahí que no puedan anunciarse y de que exista un cierto "aura de oscurantismo".

"Por tanto, el propósito de la campaña es enseñar que somos asociaciones con personas normales y que aportamos en muchos aspectos a la sociedad; somos círculos cerrados de residentes canarios y los solicitantes de entrada tienen que contar con el aval de otro socio para formar parte del club", incide Quevedo.

Aclara, además, que si bien la legalización de la marihuana no está en manos de los políticos canarios, sí lo está el poder hacer una regulación como se ha hecho en la Comunidad de Navarra, Cataluña o como la que se está negociando en el País Vasco.

Es más, aseguran que si se regularizase el cannabis "se crearían puestos de trabajo, porque no penar los cultivos de las asociaciones permitiría la contratación de más personal y que ese dinero que en las asociaciones es declarado, no caiga en el mercado negro, ya que sería dinero B".

En este sentido, afirman que se ha demostrado que en 30 años de prohibición en España los resultados son "cada vez peores", pues cada vez consumen adolescentes más jóvenes, y si se compara con países donde el consumo es legal, como Holanda, se ve que los consumidores jóvenes de cannabis en Canarias son el doble que los holandeses.

"Por tanto, buscamos una política de normalización y una regulación no para que esto sea liberalizado, sino para que halla un término medio como en Uruguay, donde el Gobierno cultiva el cannabis y donde a partir del mes que viene se va a poder vender en las farmacias, por lo que todo ese dinero que está recaudando el Estado al final se invierte en sanidad y educación".

Las firmas de la plataforma van dirigidas al Gobierno de Canarias y la campaña acaba en marzo. Después está previsto la creación de la Federación y seguir con campañas más individuales, como puede ser en los barrios o en los pueblos.

"Queremos que el Gobierno de Canarias, ya que nos han dado un numero de registro y estamos funcionando con estatutos sellados por el Ministerio del Interior, nos dé la seguridad de que ese cultivo compartido no pueda ser fruto de una intervención o, simplemente, llegar a un entendimiento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que nos digan en qué marco lo podemos hacer", señala Quevedo.