Santa Cruz de Tenerife
TRIBUNALES URBANISMO

La juez ve causa para juzgar a exalcalde de Yaiza por otro delito urbanístico

05/05/2015 15:25
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Las Palmas de Gran Canaria, EFE El Juzgado número 5 de Arrecife (Lanzarote) considera que existen indicios suficientes para procesar al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes por un nuevo delito de prevaricación urbanística, en esta ocasión por la concesión de licencias para construir 66 viviendas en Playa Blanca.

La juez Silvia Muñoz ha dictado hoy el auto por el que da por concluida la instrucción de esta causa iniciada en 2009, en la que también ve indicios de prevaricación, por acción u omisión, en el entonces secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo.

Los tres imputados supuestamente emitieron informes favorables a la concesión de la licencias urbanísticas en los expedientes 208/2005 y 277/2005, "de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de sus cargos".

Todo ello, argumenta la juez, pese a tener "conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron" en esa localidad turística del sur de la isla.

Así, detalla que no constaba informe previo sobre compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, que ni fue solicitado en el expediente de licencia urbanística 277 para la construcción de diez viviendas unifamiliares en la parcela R17A de Playa Blanca, ni fue emitido. Y ello, añade la instructora, fue silenciado en los informes emitidos por los tres imputados.

En el otro expediente denunciado, situado en la parcela R8C y consistente en la construcción de 56 viviendas, sí consta la solicitud de informe al Cabildo por parte del alcalde, así como la respuesta de la corporación insular en la que se señala que no era compatible con el Plan de Ordenación de Lanzarote ni con su revisión. Sin embargo, resalta el auto, Reyes firmó el decreto de concesión de la licencia antes de conocer el informe negativo.

En los hechos se expone que tampoco se recabó en ninguno de los dos expedientes el informe favorable y preceptivo de la administración pública canaria en materia de vivienda, ni se remitió a esta un ejemplar del proyecto ni la documentación pertinente.

La solicitud en ambos casos culminó con decreto del alcalde autorizando la nueva construcción, pese a que Reyes tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante del Ayuntamiento en las juntas de compensación.

Según razona la juez, existen motivos suficientes para incoar el procedimiento abreviado, ante la denuncia presentada, las declaraciones de los imputados, el examen de la documentación y el informe aportado por la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natura del Gobierno de Canarias.

La juez fija un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y el resto de las partes presenten sus escritos de acusación y defensa y soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento del caso.

La denuncia que dio origen a este procedimiento fue presentada en 2009 por el colectivo canario de Transparencia Urbanística, al advertir irregularidades en la concesión de estas licencias otorgadas a las sociedades Marivista y Villas Blancas, ambas relacionadas con el entonces concejal de PNL-NC en el Ayuntamiento de Arrecife Pedro de Armas.

Tanto Jose Francisco Reyes como Bartolomé Fuentes están imputados en los múltiples delitos que incluye el llamado "caso Stratvs" (la construcción presuntamente ilegal de la bodega del mismo nombre).

El exalcalde figura también como principal imputado en las dos piezas del "caso Yate" (concesión de licencias irregulares y pagos ilegales a un abogado) y en la autorización de varios hoteles en Playa Blanca que han sido declarados ilegales.

Reyes se declaró además hace unos meses culpable de dos delitos de prevaricación (urbanística y administrativa), por haber concedido de forma ilegal en 2006 las licencias que permitieron al arquitecto Carlos Morales construirse un chalet en el barranco del Agua.

En ese caso, el exacalde de Yaiza aceptó ser condenado a seis meses de cárcel y doce años de inhabilitación.