En los cuatro primeros meses del año, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha destinado 4.200.203 euros al pago de las ayudas sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas, es decir de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), de la que en la actualidad se están beneficiando 2.530 familias.
La cantidad contrasta con los 7,8 millones de euros gastados durante el ejercicio pasado y los 2.000 beneficiarios. Y es que sólo en el pasado mes de abril el Gobierno pagó 1.147.115 euros con cargo a esta partida presupuestaria.
Aunque todos los indicadores apuntan a que será precisamente ahora -a partir de abril y mayo- cuando las solicitudes de este tipo de ayudas se disparen como consecuencia del agotamiento generalizado de las prestaciones por desempleo y la difícil situación económica, desde la Consejería se afirma que se tiene previsto este punto y que "el presupuesto no está cerrado y si fuera necesario, se podría ampliar de forma ilimitada con el objetivo de dar respuesta a la totalidad de la demanda que exista en cada momento".
Con la PCI el objetivo que se persigue es que aquellas unidades familiares canarias que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, esto es, alimentación, vestido, vivienda, etc., tengan un soporte económico que a la vez les permite contar con los recursos mínimos para llevar una vida digna, les ayuda a reforzar las potencialidades que posean para lograr ser autosuficientes.
Es decir, si bien por un lado a través de la PCI muchas familias tienen garantizado durante un año, prorrogables por otros 12 meses, una prestación económica con la que cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, a la vez son orientados y asesorados para mejorar su formación, sus aptitudes sociales, encontrar trabajo e incluso para superar situaciones personales dificultosas como las adicciones o determinados trastornos adaptativos.
Así, además de las cuantías económicas, que oscilan entre los 451,63 euros y los 629,96 euros al mes -dependiendo del número de miembros de la unidad familiar- se establecen recursos educativos, jurídicos, de vivienda, sanitarios, etc., de apoyo directo.
Lucha contra la exclusión
En este sentido, la ley de la PCI contempla que cada unidad familiar -tras ser reconocida como beneficiaria de una ayuda económica-, tendrá que cumplir un itinerario de inserción ideado por los profesionales del ámbito social que conocen la problemática familiar y que estará destinado a reducir o eliminar los factores que producen el riesgo de exclusión y favorecer así la inserción social y laboral de los beneficiarios.
Cabe resaltar que no se debe confundir la PCI con otras ayudas puntuales surgidas a raíz de la crisis económica, como las destinadas al pago de facturas de agua, luz, alquiler o incluso de la hipoteca cuando corrían riesgo de vencerse, puesto que esas son las denominadas ayudas de emergencia social y corresponde su trámite mayoritariamente a las corporaciones locales, aunque el Gobierno de Canarias, debido a la avalancha de solicitudes en este sentido, inyectó el año pasado hasta cuatro millones de euros y se espera que adopte alguna medida similar en las próximas semanas.