El informe del Diputado del Común de 2008 sirvió para que ayer su titular, Manuel Alcaide, le diera un buen tirón de orejas a los diputados canarios y particularmente al Gobierno, puesto que "quitando a la Administración de Justicia, el tiempo que tardan en contestarme el resto de las instituciones canarias es deplorable. No hay manera de que contesten dentro del plazo que les obliga la ley, y muchas veces me veo obligado a realizar llamadas casi de tipo personal para agilizar un expediente o conseguir una respuesta oficial".

Así de tajante se mostró Alcaide, que aprovechó su comparecencia en la comisión parlamentaria de Justicia y Gobernación para solicitar interlocutores en las administraciones a los que dirigirse para solicitarle información.

Interlocutores.- "Estamos estableciendo convenios específicos, como el alcanzado con la Comisión de Quejas y Sugerencias de los ayuntamientos, porque en muchos casos, a la hora de investigar o solicitar información sobre algún caso a una administración no sabemos exactamente a quién dirigirnos, y eso complica mucho la eficacia de nuestro trabajo", dijo antes de explicar de que, por ejemplo en el caso de los ayuntamientos, generalmente las peticiones se dirigen al secretario, pero éste en muchas ocasiones responde que no es él el competente por tratarse de una materia específica de un área municipal.

Alcaide explicó que si bien el Diputado del Común no puede solucionar nada por sí mismo, su obligación es hacer llegar a los poderes públicos sus sugerencias y recomendaciones para que mejoren sus servicios.

Falta de poder.- Sin embargo, el diputado socialista Manuel Fajardo Palarea discrepó en este punto con Alcaide y le dijo que "usted sí que tiene poder porque puede denunciar este tipo de cosas ante la Fiscalía" y recordó que en el propio informe se recoge en varios párrafos la ausencia de colaboración por parte de las administraciones públicas canarias, pese a que deberían hacerlo con carácter de urgencia.

"Usted mismo manifiesta que al no contestarle a usted, se está menoscabando los derechos de los ciudadanos y que parece que los preceptos que establece la ley están para ser incumplidos".

PP y CC en contra.- Por su parte el portavoz popular Fernando Figueredo y la nacionalista Flora Marrero, mostraron su disconformidad con muchos de las conclusiones aportadas por el Diputado del Común, aludiendo a que "se percibe cierto catastrofismo, tanto en Sanidad como en Justicia, cuando se trata de administraciones en las que está fallando fundamentalmente las aportaciones económicas por parte de los ministerios".

En este sentido, Figueredo recordó que en Sanidad "faltan 1.000 millones de euros", y Marrero que en Justicia "está el problema de la interinidad, de la movilidad de los jueces y de la ausencia de plazas nuevas".

Asimismo, se refirieron al esfuerzo que el Gobierno de Canarias está haciendo para mejorar ambos servicios.

Por su parte, Manuel Alcaide dijo irónicamente que "por lo visto ahora a todos les preocupa mucho la justicia".

El informe en datos.- El diputado del Común recibió en 2008 2.248 quejas, lo que deja un aumento notable con respecto al año anterior.

Las quejas de los ciudadanos versan principalmente sobre las áreas de sanidad y educación, así como sobre las actividades clasificadas. Además de las quejas, el Diputado del Común ha recibido más de 12.000 consultas.

Por otra parte, Alcaide lamentó el desconocimiento sobre lo que es esta institución. "La gente piensa que resuelve los problemas, cuando lo único que hace es sugerir", explicó, "en cualquier caso, mi obligación es decirle a ustedes lo que sucede en distintos campos y que tomen soluciones, y tienen que plantearse si lo están haciendo".

Dependencia contra beneficencia

"Canarias tenía una sistema de atención a las personas con dependencia, pero se basaba en la beneficiencia, y ahora ha entrado en funcionamiento otro que lo que hace es conceder derechos subjetivos, de tal manera que cada personas que lo considere puede reclamarlos. El problema ha venido como consecuencia de la falta de medios económicos y de la desorganización", así de claro respondió el Diputado del Común, Manuel Alcaide, a los diputados de los tres partidos con representación parlamentaria que le solicitaron que se pronunciara sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Islas. Si bien, los representantes de Coalición Canaria y Partido Popular centraron su discurso en recordar que el problema proviene de la falta de medios económicos por parte del Gobierno central para implantar una medida de semejante calado, el Partido Socialista le recordó los retrasos injustificados en dar respuesta a los solicitantes por parte de la Consejería de Bienestar Social. En este sentido, y con el fin de esclarecer "un tema complicado como es este", Alcaide recordó que la institución que dirige está estudiando la aplicación de esta nueva normativa con el objetivo de ofrecer recomendaciones al Gobierno.