El Ministerio de Justicia y el Gobierno de Canarias organizarán el 15 de junio en Santa Cruz de Tenerife un congreso internacional sobre el acceso a la justicia y la defensa de oficio en Marruecos y la Unión Europea, que tiene como objetivo estudiar la asistencia jurídica en gratuita en el Magreb.

Esta iniciativa se incluye en un convenio que firmaron ayer el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, para reforzar la colaboración que el Ejecutivo regional da al proyecto ADL de fortalecimiento y modernización de la administración de Justicia de Marruecos.

Este convenio, que también firmó la comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Elsa Casas, establece que el Ejecutivo autonómico participa en el proyecto de manera general en las actividades del programa y, específicamente, en la organización y financiación del congreso.

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campos, dijo tras la firma del convenio que este acuerdo es motivo "de satisfacción y emotividad", y lo primero se debe a que se trata de una iniciativa importante dentro de un proyecto "ambicioso", el ADL, por el que España y Marruecos "fortalecen su sistema judicial".

Con la organización del congreso "se da un paso más" y el hecho de que se celebre en Santa Cruz de Tenerife implica que el Gobierno canario "asume un protagonismo" para facilitar el acceso a la justicia gratuita en este país norteafricano.

También subrayó la "emotividad" que le produce el hecho de que España contribuya a la modernización judicial en Marruecos, que es "el único camino que hay" para la correcta administración de la justicia. Para el consejero José Miguel Ruano, esta iniciativa "singular" concreta la colaboración que se producía desde los departamentos de Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Canarias.

Suspenso a la Justicia

El secretario de Estado de Justicia señaló asimismo que los ciudadanos dan "un suspenso" a la Justicia, que está "maltrecha", y por ello el Ministerio tiene "el empeño real" de sentar "entre todos" las bases para un plan estratégico que modernice esta administración.

Juan Carlos Campo dijo que se habla en general de la modernización de la Justicia pero ésta "no llega" y hay que tratar este asunto "con cuidado", porque es un reto que se mantiene.

Para ello, el Ministerio se ha fijado el compromiso de que todos los actores de la administración de justicia, incluidos el Consejo General del Poder Judicial y las once comunidades autónomas que tienen esta competencia, den "un impulso" para que este objetivo no se quede "en palabras bonitas y huecas".

"Hay un empeño real por parte del Ministerio en adecuar la maltrecha Justicia a unos parámetros de calidad que no se logran alcanzar, y la prueba es que los ciudadanos la suspenden", afirmó el secretario de Estado del área.

La Justicia es la salvaguarda de los derechos ciudadanos y su verdadera "tabla de salvación", por lo que el Ministerio tiene la obligación de dar una respuesta a la demanda legítima de los ciudadanos en esta materia, apuntó.

Campo precisó que se necesitan más jueces, fiscales y secretarios judiciales, pero también que estén "más preparados" y con más medios. Hace falta mayor presupuesto y más recursos humanos y materiales porque el reto debe alcanzarse entre todos, y en su opinión se están sentando las bases del acuerdo que configure el plan estratégico en materia de justicia en España.

Ruano señaló la necesidad de que se planteen soluciones "estructurales" en este ámbito y reiteró "la disposición" del Gobierno de Canarias para que se logre en España una gran pacto social por la Justicia, en el que todos los operadores jurídicos sean partícipes".