EL PASADO día 18, el consejero de Industria del Gobierno de Canarias anunció en sede parlamentaria que anulaba la adjudicación de los parques eólicos en La Palma. Esta noticia puede ser muy positiva para las arcas de nuestra Comunidad Autónoma.

Así, es previsible que la actual coyuntura de constante pelea entre el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones públicas por la necesidad de fondos públicos para ejecutar las políticas que tienen en cartera se recrudezca a medida que avance el año. Los últimos datos de Hispalink, publicados el pasado 28 de abril, señalan que Canarias, junto con Cataluña, se situará a la cabeza del decrecimiento económico en el año 2010 con un -0.5 % del VAB total. Esto significará que en la elaboración de los presupuestos para el próximo año las distintas administraciones deberán contemplar nuevos recortes de calado, lo cual generará nuevas tensiones entre ellas.

Creo que, además de discutir sobre el reparto de los recursos públicos de que disponemos, los gobiernos deben ser creativos en la búsqueda de nuevas fuentes de obtención de recursos públicos. En este sentido, creo adecuado poner sobre la mesa la posibilidad de que las administraciones públicas saquen recursos del concurso eólico aún pendiente de resolver. La propuesta va en la dirección de una coyuntura que ha sido negativa pero que podríamos convertir en positiva a poco que hubiera creatividad y voluntad política.

Como bien sabemos, el desarrollo de la energía eólica en Canarias ha estado totalmente paralizada frente a su vertiginoso desarrollo en otras comunidades autónomas. La enorme cantidad de fondos privados que esperan encontrar un hueco para ser colocados en inversiones en parques eólicos en Canarias, unido a criterios de evaluación de los proyectos por parte de la Comunidad Autónoma que no terminan de ser entendibles, convierte este asunto en materia de intensas disputas políticas y judiciales. En los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha empezado a resolver el concurso separándolo temporalmente por islas, dando la impresión de dejar para el final las islas en las que se va a producir mayor polémica. Aún así parece que los problemas vuelven a renacer.

Propongo anular el concurso eólico, indemnizar a los peticionarios y sacar a subasta su concesión. La subasta debería ser con el formato clásico que se utilizó en muchos países europeos hace algunos años para adjudicar las licencias de telefonía móvil con tecnología UMTS, y que tantos fondos permitieron recaudar a muchos gobiernos que después sirvieron para arreglar tantas cosas (Alemania consiguió 615 euros per cápita en el año 2000 con la subasta de la tecnología UMTS; Gran Bretaña, 650 euros per cápita). El dinero que se obtenga de la subasta se repartiría entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos para hacer más expansivos sus presupuestos para el 2010.

Considerando que en este primer tramo del concurso eólico se ofrecen para Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura 214 MW, contemplando una inversión estimada de 190 millones de euros, si consideráramos una recaudación por subasta de 172 millones de euros adicionales, el tiempo de amortización de la inversión aumentaría de 5 a 12 años, lo cual lo situaría al mismo nivel al que hoy está la amortización de plantas fotovoltaicas en cubiertas de edificios, lo que deja claro que seguiría siendo un buen negocio, ya que los parques eólicos pueden tener una vida media de 25 años. Por tanto, la subasta podría partir de un precio de 802 euros por kW de potencia autorizado.

Los Cabildos tendrían un importante papel que desarrollar en este asunto, ya que tendrían que acelerar la aprobación de los planes territoriales de ordenación de infraestructuras energéticas para definir los lugares en los que se pueden ubicar los aerogeneradores. Si repartiéramos los 172 millones recaudados entre las islas en que queda por resolver el concurso eólico en función de la potencia instalada, cada isla se llevaría, aproximadamente, un importe equivalente al 10% del presupuesto de su respectivo cabildo.

El procedimiento de subasta tiene ventajas adicionales a la simple recaudación de fondos para las administraciones públicas. Por una parte, los que ganen la subasta serán los que tengan los mejores emplazamientos en términos de recurso eólico disponible, lo que mejorará su aprovechamiento, y también serán los que cuenten con la mejor tecnología. Por otro lado, con el procedimiento de subasta quedan fuera los que pretendan utilizar información privilegiada para ganar el concurso, con lo que quedaría la gestión del Gobierno de Canarias al margen de toda sospecha.

Conviene recordar que queda una segunda fase por sacar a concurso con un volumen de potencia de 226 MW, por lo que sería conveniente tener claro desde ya que se empleará el procedimiento de subasta en la próxima ocasión.

* Secretario regional de Medio Ambiente del PSC-PSOE