El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Cantabria) ha respondido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que el certificado que fue compulsado por el Diputado del Común para que una trabajadora cobre sus trienios es falso, tal y como manifestaron ayer a EL DÍA fuentes del consistorio cántabro, quienes aseguraron que los servicios jurídicos municipales estudiaban ayer las acciones legales que podrían iniciar por este hecho.

Según adelantó este periódico, en la sede de la Oficina del Diputado del Común de Santa Cruz de Tenerife se podrían haber cometido irregularidades, como la presunta falsificación de un documento público.

La que era asesora de menores en el Diputado del Común denunció este hecho ante el máximo responsable de la institución y también en Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, junto con otros sucesos ocurridos en esos días, como las injurias verbales recibidas por una trabajadora.

Casualmente, la asesora fue destituida de su cargo el 14 de abril, un día después de presentar la citada denuncia, que ahora investiga el Ministerio Fiscal.

La presunta falsificación del documento, al que ha tenido acceso este periódico, consiste en que M.E.D.F., que sigue trabajando en el Diputado del Común, presentó una certificación de que había prestado sus servicios seis años y medio en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, con el fin de cobrar los trienios.

Fuentes del consistorio cántabro aseguraron que tras recibir la documentación de la Fiscalía tinerfeña se quedaron extrañados ante la presencia del papel, que lleva la compulsa del Diputado del Común, "y se ve a todas luces que es un documento falso". Sin embargo, recalcaron que hicieron las indagaciones correspondientes para comprobar si esa persona había trabajado en el ayuntamiento, pero se concluyó que no figura entre los empleados, ni en los años que precisa el papel, ni antes, ni después.

Entre otras presuntas irregularidades, ese certificado no contiene ningún sello de registro de entrada ni de salida del consistorio cántabro, pero, además, la única firma que contiene no corresponde a la del secretario, que trabajó durante décadas en el consistorio y lleva tres años jubilado, tal y como señalaron las fuentes municipales del ayuntamiento cántabro, quienes hicieron hincapié en que cualquier trabajador de ese consistorio reconoce "a la legua" la veracidad o falsedad de la firma del que ha sido un secretario muy querido y respetado por todos.

Según las fuentes consultadas, los certificados de cualquier ayuntamiento tienen que llevar el visto bueno de alcalde y el del secretario, junto con los nombres y apellidos de ambos al lado de su firma.

En cambio, el documento que se ha denunciado como presuntamente falso, y que ya está siendo investigando por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, carece de estos datos. Asimismo, todos los certificados que salen de cualquier consistorio tienen que ser numerados y deben figurar en el libro de registro del ayuntamiento que los emite, donde se precisa la fecha de entrada y salida, con un extracto de lo que dice el escrito y su destinatario. Las mismas fuentes manifestaron su extrañeza por el sello de la compulsa del Diputado del Común que lleva ese documento, "cuando es imposible que concuerde con ningún original, simplemente porque no existe".

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, manifestó ayer que ahora corresponde a la Fiscalía y al Juzgado poner en marcha acciones legales. El documento presuntamente falsificado se ha usado desde el año 2006 para presuntos cobros ilegales.