El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), reclamó ayer "más hechos y menos palabras" para que finalmente el Ejecutivo central "reconozca de forma efectiva" la deuda histórica con las Islas, que cifró en 3.500 millones de euros sin contar el impacto del crecimiento de la población en las partidas para atender los servicios esenciales.
Rivero señaló ayer en el Pleno del Parlamento regional, tras su reunión, hace varios días, con el vicepresidente tercero de España y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, que "lo más importante" es que "se acepte hablar de la deuda que tiene con Canarias".
Aquí habló de tres conceptos en esta reclamación: la diferencia de financiación para servicios esenciales a raíz del crecimiento de la población, los incumplimientos del REF en lo relativo a la inversión media y por las retenciones "a nuestro juicio indebidas" realizadas por el extinto Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE).
El presidente del Gobierno regional recordó que a partir del 7 de junio, fecha en la que tendrán lugar las elecciones europeas, se creará un grupo de trabajo de cuantificación presidido por él y por Manuel Chaves "para evaluar la deuda histórica", salvo el concepto que tiene que ver con el aumento poblacional "porque afecta a otras comunidades autónomas".
"Asunto importante"
"Éste es un asunto importante porque existe una diferencia de inversión desde 2002 en cuanto al REF de 1.800 millones de euros, y por las retenciones indebidas son 1.700 millones, sin contar con la población, es decir, unos 3.500 millones de euros".
En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional admitió que son tiempos difíciles, pero insistió en que a raíz del reconocimiento se pueda cumplir "paulatinamente" con Canarias.
Paulino Rivero respondía así a una pregunta del presidente del grupo de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, quien afirmó que Canarias "se ha sentido maltratada ante el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal o la financiación sanitaria, que no se acomoda a la población".
"Me parece bien el acuerdo con Manuel Chaves, pero insisto en que los servicios esenciales deben adecuarse a la población", recalcó el presidente del Grupo Parlamentario de CC.
Por último, el nacionalista dijo que aceptaba que atender a este criterio podía repercutir en otras comunidades, "pero hay que defenderlo con la máxima exigencia porque no hay fondos suficientes para ello".