El jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, el ingeniero Rafael Arrocha, ha sido puesto en libertad hoy tras prestar declaración en el marco de la ''Operación Unión'', que investiga una presunta trama de corrupción en la isla de Lanzarote.

Arrocha habría quedado en libertad sobre la dos de la madrugada tras prestar declaración en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife, encargado de instruir el caso.

Aún no se ha dado una confirmación oficial de su situación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), si bien fuentes próximas señalan que habría salido sin cargos.

Al funcionario se le permitió la asistencia de su abogado, Felipe Fernández Camero, durante el registro de la Oficina Técnica que se produjo el pasado lunes.

Asimismo, este Juzgado decretó durante la madrugada de ayer prisión incondicional para el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), por un delito de cohecho dentro de la ''Operación Unión''.

El juzgado confirmó la detención del secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Jesús Bartolomé Fuentes, a quien se le imputa un delito de cohecho. Tras tomar declaración a los primeros imputados, el empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez y Dayrán Jesús Muñoz Armas han quedado en libertad sin fianza pero con el cargo de cohecho.

Además, el juez ha prorrogado el periodo de detención al empleado del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez. Esta noche el juez ha tomado declaración al asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote, Matías Curbelo Luzardo, a la espera de determinar los delitos que se le imputan y en la mañana de hoy seguirá interrogando al resto de implicados.

La Guardia Civil detuvo ayer a seis personas acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en las provincias de Las Palmas y Tarragona supuestamente relacionadas con la segunda fase de la ''Operación Unión''.

La operación sigue llevándose a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.