La denominada "operación Unión", iniciada este lunes en el Ayuntamiento de Arrecife con la detención de once personas por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística que cobraba comisiones ilegales, continuó ayer con el arresto, por parte de la Guardia Civil, de otras seis personas, supuestamente implicadas en la misma trama.

Los arrestos registrados ayer se produjeron simultáneamente en las islas de Lanzarote y Gran Canaria, y en Tarragona, y entre los detenidos hay un constructor conejero y cinco empresarios, algunos de ellos miembros de la Cámara de Comercio de la Isla.

En la mañana de ayer, los miembros de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado registraron el ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza, en el que gobiernan en pacto Coalición Canaria (CC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), y su oficina técnica.

A los seis detenidos ayer en la segunda fase de la "operación Unión" se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El pasado lunes fueron detenidas otras once personas, entre ellas dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios y el líder del PIL Dimas Martín. Su hija, Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento, fue puesta en libertad con cargos y ayer, el juez dejaba en libertad, con cargos de cohecho y tráfico de influencias, a la empresaria María José García Acosta.

Según la Guardia Civil, de los detenidos ayer, el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, "dinerarias o en especie", a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio "a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos".

Los agentes investigan, además, en qué medida ha podido influir este detenido sobre varios cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza, municipio en el que se encuentra una de sus promociones urbanísticas más importantes, "para garantizar el futuro desarrollo de la misma dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de dicho Ayuntamiento".

Uno de los principales detenidos ha sido identificado como el abogado y empresario de la construcción Luís Fernando Lleo Khunel, que fue detenido en Reus (Tarragona) y se dispuso su traslado a la isla de los volcanes.

Otro de los empresarios arrestado en Lanzarote es Fernando Becerra Robayna, a quien se le imputa un delito de cohecho. Fernando Becerra, cuyo domicilio fue registrado ayer, es hermano de Ubaldo Becerra (PIL), primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, detenido el lunes.

De los cuatro detenidos en Lanzarote también ha sido identificado el empresario y abogado lanzaroteño Honorio Nicolás García-Bravo Betancor, consejero de la Radio Televisión Canaria (RTVC) por Coalición Canaria. Según fuentes de la investigación, el detenido, hijo de un ex alcalde de Yaiza, es vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote y tiene negocios familiares en compañías aéreas, hoteleras y gasolineras.

La Guardia Civil llevó a cabo ayer registros en los domicilios de varios de los detenidos y las sedes de distintas empresas promotoras de la Isla. Según el Instituto Armado, la investigación continúa bajo secreto de sumario y sigue abierta, "por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones".

Sobre estas detenciones, la delegada del Gobierno central en Canarias, Carolina Darias, pidió ayer "paciencia" ante lo que está ocurriendo en Lanzarote, porque se trata de un proceso "lento".

En relación con las repercusiones políticas que estas detenciones pudiesen tener en el pacto de Gobierno PIL-CC, la presidenta de CC, Claudina Morales, hizo un llamamiento a la "prudencia" antes de tomar decisiones sobre posibles acciones políticas, en las que se baraja una ruptura del pacto.