Para los jueces y magistrados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el hecho de que tras la huelga que paralizó la Administración de Justicia de todo el país el pasado 18 de febrero hubiera un cambio de ministro no ha bastado, puesto que mantienen intactas sus reivindicaciones y, además de confirmar su apoyo a la huelga nacional prevista para el 26 de junio, ya trabajan en la convocatoria de otra protesta que tendrá lugar en el mes de septiembre.
Para los magistrados, en estos meses de negociaciones, sólo ha habido un cambio de "talante" que consideran a todas luces "insuficiente", ya que confiaban en obtener resultados más directos después de protagonizar la primera huelga de jueces de la historia española.
Según explicó ayer a la salida de la asamblea de jueces y magistrados celebrada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife el responsable del Juzgado de lo Social Nº1 de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Fuentes, "hemos acordado instar a las asociaciones judiciales a que persistan en la idea de convocar una huelga para el próximo día 26, puesto que consideramos que el paro celebrado en febrero ha marcado un antes y un después en las negociaciones con el Ministerio de Justicia, y los acuerdos que se han alcanzado desde entonces son claramente insuficientes".
En este sentido, anunció que "en caso de que la huelga no fuera convocada, o incluso si no se consiguieran los objetivos establecidos, los magistrados y jueces de esta provincia, en el mes de septiembre, adoptarán las medidas necesarias para la consecución de las reivindicaciones que vienen planteando".
La amenaza de los jueces no es en balde, puesto que el espíritu habido en la protesta del pasado mes de febrero parece que se ha diluido en muchas partes del país tras la salida del Ministerio del polémico Mariano Fernández Bermejo, por lo que pretenden hacer ver que ese no es el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que están dispuestos a plantar cara al Gobierno central y al autonómico, ya que el grave problema de personal que afecta a la justicia canaria está directamente relacionado con la gestión que realiza la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.
En concreto, las reivindicaciones de los jueces y magistrados se centran en solicitar una mayor inversión económica, ya que en España es del 1,10% del PIB, mientras que en Europa es del 3%. Además exigen los medios necesarios para cumplir con la función constitucional de la elección directa de 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial por los jueces y magistrados, "sistema más acorde con la Constitución, tal y como ha expuesto el Tribunal Constitucional".
Asimismo, consideran imprescindible que sean ellos quienes mantengan el control de los señalamientos de los juicios, admisión de demandas y acumulaciones, y que esta no sea labor de los secretarios, por lo que apuestan por que los criterios sean decididos por los jueces y magistrados, que, además, podrán revisar la agenda.