El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, que instruye la "Operación Unión" contra una trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote, ha ordenado el ingreso en prisión del ex edil de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez.

Así lo confirmaron fuentes de la investigación después de que Rodríguez finalizara su declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro, que ha tenido lugar esta madrugada, después de que fuera detenido el lunes en el Ayuntamiento de Arrecife.

El instructor de la Operación Unión también decretó en las últimas horas el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, por supuestos delitos de cohecho, del ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo.

Así lo informó en un comunicado esta madrugada el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación a las declaraciones que se realizan en Arrecife en el marco de la "Operación Unión".

El TSJC comunicó horas antes que el juez ha dejado en libertad con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos, Alfredo Santiago Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo de la isla.

Este imputado fue detenido en la primera fase de la operación, desarrollada el pasado lunes y que se saldó con once detenciones tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, mientras que el jueves se produjeron otras siete detenciones al hilo de otro registro en el Ayuntamiento de Yaiza, un municipio del sur de la isla.

El juez ha informado que en la mañana de hoy tomará declaración al líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de ocho años, y ha recordado que sigue decretado el secreto de sumario.

La "Operación Unión", en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.