La "operación Unión", contra una trama de corrupción municipal en Lanzarote, continúa sumando detenciones, ya que otros dos constructores canarios han sido arrestados en las últimas horas por pagar comisiones para ser adjudicatarios de obras del Ayuntamiento de Arrecife.

Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, radicado en Lanzarote, y Manuel Reina Fabre, con negocios en la capital lanzaroteña y en Gran Canaria, con quienes se eleva a veinte el número de detenidos e imputados por esta trama que cobraba comisiones ilegales por la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.

Estos dos constructores fueron detenidos a últimas horas de viernes en la isla de los volcanes; Reina Fabre fue arrestado en el aeropuerto de Lanzarote cuando regresaba de Gran Canaria.

Los dos empresarios de la construcción han sido detenidos por su presunta implicación en los delitos de corrupción que se investigan en la "operación Unión" con arreglo a la documentación incautada en los registros y las declaraciones de otros detenidos.

Según informaron fuentes de la investigación, estos dos empresarios fueron detenidos acusados de pagar comisiones a cargos públicos para que les concedieran obras por servicios que hacían al Ayuntamiento de Arrecife.

Las mismas fuentes revelaron hoy que uno de los siete detenidos el pasado jueves tras el registro del Ayuntamiento de Yaiza, al sur de la isla, es Eugenio Romero Betancort, vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote.

Durante la mañana de hoy, el juez tomó declaración como testigo al consejero de Presidencia y Centros Turísticos del Cabildo y secretario general del PSC-PSOE de Lanzarote, Carlos Espino Angulo, quien durante la anterior legislatura fue consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo y denunció una proyecto que promovía un constructor ahora detenido, Luis Lleó, para edificar en Playa Blanca más de mil vivienda.

Esta operación anticorrupción, en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.