Canarias percibirá un 17,3% menos de fondos tras la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, siendo, además, la comunidad autónoma que más dinero dejará de recaudar tras la desaparición de este impuesto.

En total, los gobiernos locales dejarán de percibir en 2009 en torno a 321 millones de euros respecto a lo ingresado en el último año de vida del impuesto, cuya supresión fue aprobada por el Gobierno central hace exactamente un año.

Al menos, según lo previsto en la documentación presentada por el Gobierno con ocasión del nuevo modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas sufrirán esta merma en similar medida. Con todo hay diferencias, de forma que la que más lo notará será Canarias, que recibirá un 17,3% menos de ingresos, seguida de La Rioja (-14,7%) y Extremadura (-14,6%).

Además, se mantendrá el orden de los que más recibe, con Madrid a la cabeza, que pasará de ingresar 634,3 millones de euros a 542,7 millones, por delante de Cataluña (de 533,6 millones a 460,9 millones) y Valencia (de 215,1 millones a 185,3 millones).

El Gobierno tiene previsto transferir 1.800 millones de euros a las autonomías para compensar lo que dejarán de ingresar por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, si bien esta cantidad es un 15% inferior a la última recaudación, correspondiente al ejercicio 2007, que ascendió a 2.121,4 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.

El impuesto de los ricos

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno a la hora de suprimir este impuesto fue que, habiendo nacido con una vocación censal para mantener el control sobre los grandes patrimonios, había acabado gravando en su mayoría a las rentas medias y ya carecía de sentido.

Así, el impuesto gravaba la totalidad del patrimonio neto de aquellos cuya base imponible fuese superior a los 108.182 euros o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de los bienes y derechos superara los 601.012 euros. Asimismo, estaban obligados a declarar los no residentes en España titulares de bienes y derechos que estuvieran situados en territorio español.

Según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a la ejecución del ejercicio 2006, que excluyen los casos de no residentes cuando el único patrimonio fuese una vivienda, el 53% de los declarantes presentaron una base imponible inferior a los 300.000 euros.