Con desconcierto, así es como han acogido la mayor parte de los centros escolares el hecho de que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias haya excluido al 60% de los proyectos educativos de mejora de centros docentes públicos no universitarios y residencias escolares.

En concreto, según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), de los 1.275 proyectos seleccionados por la Administración, sólo 524 han sido aprobados y se les ha asignado la correspondiente financiación, mietras que 751 han quedado excluidos, lo que supone un 59,9 y 41,1% respectivamente.

La gran mayoría de los proyectos rechazados han sido por "no ajustarse a la modalidad requerida", y el resto por no cumplir los plazos previstos para solicitarlos.

Para los sindicatos en el sector de la enseñanza estas exclusiones son un nuevo motivo de discordancia con la Consejería de Educación, puesto que consideran que lo que refleja es la intención de hacer cumplir "por las buenas o por las malas", las medidas de calidad educativas promovidas por el Ejecutivo durante esta legislatura.

"Se ha dado la circunstancia de que la consejería ha rechazado proyectos que llevaban vigentes hasta 9 y 10 años, como la elaboración de un periódico escolar, para dar cabida a otros que van por donde a ellos les interesa, que es por la atención temprana, los refuerzos y la integración de la familia en el sistema educativo. Eso no está mal, pero no puede ser una cosa a costa de la otra", explica el portavoz del sindicato STEC, Manolo Marrero, antes de recordar que son los profesores, "los que de una manera voluntaria" presentan y está dispuestos a ofrecer este tipo de actividades.

Además, Marrero insiste en que "esta cifras son una muestra más de que esta consejería no apuesta por el servicio público de la educación y que desprecia el esfuerzo que muchos docentes están dispuestos a hacer para mejorar la calidad del centro en el que ejercen su profesión".

Finalmente, destaca el hecho de que proyectos destinados a la construcción o mantenimiento de huertos escolares hayan sido aprobados o denegados indistintamente, algo que Marrero explica refiriéndose a que "seguramente habrán aprobado aquellos que establecían algún tipo de vinculación y participación de las familias, y los que se venían desarrollando como hasta ahora los habrán dejado fuera".

Por su parte, el secretario regional de Enseñanza Pública FETE-UGT, Ángel Dorta, afirma que "la consejería está queriendo imponer su criterio en este asunto, como en tantos otros, y no se da cuenta de que lo importante son los alumnos y el gran esfuerzo que están haciendo los docentes".

En este sentido, indica que "lo que no puede ser es que incluso a los que se les concede se le den 400 euros de un proyecto que vale 1.000, porque cuando se pide un dinero es porque es el que hace falta para poder llevar a cabo un proyecto, y todo lo que sea menos representa una carga económica para el propio centro".