El sindicato CSIF ha revelado que el Tribunal Supremo ha obligado a corregir la "desigualdad retributiva" existente entre los funcionarios de Justicia de Canarias. La sentencia favorece a 958 de estos trabajadores -552 en la provincia de Las Palmas y 406 en la de Santa Cruz de Tenerife-, que a partir de ahora tendrán derecho a cobrar 27,66 euros más al mes.

Según Mario Sicilia, presidente provincial en Tenerife del Sector Justicia de CSIF, "esta medida se aplica retroactivamente al pasado mes de enero de 2007, aunque no reconoce situaciones jurídicas individualizadas, por lo que, en principio, habría que reclamar su aplicación, individualmente y caso por caso". Según las estimaciones de la organización sindical, "la sentencia significa un gasto añadido al Gobierno de Canarias que rondará en unos 860.000 euros".

Sicilia afirma haber solicitado recientemente a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la inmediata ejecución de dicha medida, de oficio, tal y como reclamó el sindicato al Ministerio de Justicia el pasado 17 de septiembre, "para que los funcionarios afectados puedan percibir de inmediato las cantidades que les pertenecen".

La subida salarial se aplicaría a los funcionarios destinados en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fiscalías, audiencias provinciales, juzgados de lo social, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso administrativo, penales desplazados, decanatos, institutos de medicina legal, servicios comunes de notificaciones y embargos y juzgados de paz.

Especial responsabilidad

De esta manera, se igualan con los que trabajan en los juzgados mixtos de primera instancia e instrucción, en los penales de las capitales de provincia, en los mercantiles, en los de violencia sobre la mujer, en los de instrucción y en los de primera instancia, que cobraban esa cantidad por el antiguo concepto de especial responsabilidad y dificultad, que actualmente se engloba en el complemento general del puesto.

Por otra parte, el sindicato ha augurado que se producirán más problemas en la Administración de Justicia derivados de los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno y anunciados en una reciente mesa sectorial.

Pese a este anuncio, CSIF ha instado al Ejecutivo la adopción de un plan de medidas urgentes, "dado que en los últimos años -argumenta Mario Sicilia- se ha producido en Canarias un importantísimo incremento en el número de asuntos judiciales que no se ha correspondido con una adecuada dotación de plantilla".