"Las 26.000 personas que firmamos la iniciativa legislativa popular por la que pedíamos que las antenas de telefonía móvil estuvieran lejos de los centros urbanos y, en ningún caso, en edificios cercanos a colegios, geriátricos y hospitales, nos sentimos decepcionadAs con su aprobación en los términos en que se hizo", señala el secretario de la Plataforma de Afectados de Antenas de Telefonía Móvil de Canarias (Planmocan), Antonio Porras. "El texto aprobado limita esa restricción siempre que sea posible, lo que es denigrante", lamenta. En cambio, los operadores de telefonía móvil la ven "positiva" y celebran que la Cámara regional haya superado "el temor a las antenas".
Resulta paradójico que una de las escasísimas iniciativas que ha logrado el apoyo unánime en el Parlamento durante esta legislatura, la Ley de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones, que regula la ubicación de las antenas de radiocomunicación y telefonía móvil en las Islas, genere rechazo en buena parte de los vecinos que la impulsaron al considerar que las restricciones que impone por razones de salud a la instalación de estas infraestructuras en los núcleos urbanos es insuficiente.
Porras denuncia que la iniciativa legislativa popular, formalizada por Los Verdes, terminó transformada en "una copia casi textual" del proyecto que tenía el Gobierno para normar la materia.
Por ese motivo, reta a los ponentes de la ley a que le digan personalmente si hicieron caso a sus reivindicaciones y recogieron sus planteamientos, tal y como afirmó la diputada nacionalista, Belén Allende, tras la aprobación parlamentaria del informe de la comisión. "Ni siquiera se dignaron a reunirse con las plataformas, organizaciones ni movimientos vecinales que hicimos alegaciones y denuncias. Nunca contestaron", reprocha. "Es mentira que responda a nuestras reivindicaciones".
Para Porras, la ley "da a ganar a las operadoras con más antenas", pues "esta materia es un tema de grandes inversiones".
Una antena base en un edificio, explica, precisa una caseta, baterías, unos soportes y la conexión de electricidad. "Si las ponen en el monte necesitan, además, un informe de impacto ambiental, llevar la energía del cableado y potencia suficiente e instalar un transformador", lo que supone un gasto "muchísimo mayor que en los núcleos urbanos y por eso las instalan en los barrios de Santa Cruz de Tenerife". Así, con una inversión mínima "logran una alta rentabilidad".
En cambio, los operadores de telefonía móvil aseguran que les parece "positivo" que los grupos parlamentarios coincidan en que "ha llegado el momento de superar los temores a las antenas de telefonía móvil". Los operadores "llevamos muchos años haciendo un gran esfuerzo en transmitir un mensaje de seguridad y tranquilidad a los vecinos de Canarias en el sentido de que todos los organismos nacionales e internacionales, reconocidos por la comunidad científica, han asegurado que no existe ningún tipo de relación entre las antenas de telefonía móvil y determinadas enfermedades".
Más antenas
Así, en base al principio de "transparencia y confianza", los operadores de telefonía móvil reiteran la necesidad de que los alcaldes, corporaciones locales y técnicos municipales "tomen a partir de ahora la iniciativa y faciliten a los operadores el despliegue de las antenas en los municipios donde se haya deteriorado la calidad del servicio a consecuencia de la falta de estas infraestructuras". Para ello, los operadores demandan la puesta en marcha de dos iniciativas: por un lado, la creación de nuevas ordenanzas que faciliten dicho despliegue, y por otro, la necesidad que se agilicen al máximo la concesión de nuevas licencias al objeto de ampliar el número de antenas.
"El objetivo, en el que todos coincidimos, es que es necesario dar el empuje definitivo para situar a las Islas Canarias en una posición de vanguardia en el ámbito de las tecnologías móviles".