Los populares canarios se han movido en los últimos tiempos, y en algunos casos, entre dos aguas. Por un lado, han tenido que asumir responsabilidades de gobierno en las Islas en virtud de un pacto firmado con Coalición Canaria, y, por otro, han tenido que afrontar algunas decisiones que no siempre han tenido el visto bueno de su formación estatal.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la nueva Financiación Autonómica, el Estatuto de Autonomía de Canarias, la recién aprobada Ley de Comercio y el dominio de internet .ic. Estos han sido los cincos puntos en los que la fluida electricidad que suele abastecer de energía la relación de los populares se ha visto "cortocircuitada" en su trayecto entre Madrid y el Archipiélago.
Cinco "sapos", reconocidos públicamente, en los que los conservadores de las Islas han tenido que "tragar" por exigencias del guión. La lealtad institucional y el pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC) han hecho el resto
Dominio .ic- El último de estos "cortocircuitos" políticos tuvo lugar este jueves en el Pleno del Parlamento de Canarias. La "culpable" en este caso fue la diputada de CC Dulce Xerach Pérez, quien llevó una proposición no de ley con la que se persigue lograr que Canarias tenga un dominio propio de dos letras en internet -.ic-, reservado, en principios, sólo para estados, países o territorios geográficos y políticos.
Ni un enérgico Juan Carlos Alemán, diputado socialista, quien recordó a los populares canarios que sus compañeros habían votado en contra de una iniciativa similar en Cataluña, logró modificar el sentido el voto y la iniciativa salió adelante.
No obstante, y aunque los conservadores de las Islas mantienen que la posibilidad de conseguir el citado dominio sólo traería beneficios para Canarias, sobre todo desde el punto de vista turístico, fuentes de esta formación advierten también de que si finalmente la iniciativa "choca frontalmente" contra lo que jurídicamente han defendido se rectificará.
En este sentido, recuerdan las fuentes que este es un tema "de partido", no del pacto de gobierno, un documento que se ha convertido en una especie de Biblia para CC y PP, y, en especial, para Paulino Rivero y José Manuel Soria.
Ley de Comercio.- También esta misma semana saltaron chispas en otro asunto en el que la diferencia de criterios quedó patente entre los populares de uno y otro lado del charco. Es el caso de la Ley de Comercio, apoyada finalmente por el PP en las Islas.
Así, mientras que el PP en el ámbito nacional exigió a los socialistas la aplicación estricta de la Directiva Bolkestein, en Canarias, por mor del pacto, se ha consentido una ley que obstaculiza la citada directiva europea.
La norma que se aprobó estos días en el Parlamento regional llegó, incluso, a producir alguna división interna en el seno del propio Grupo Parlamentario Popular por diferencia de criterios.
Presupuestos del Estado.- Las cuentas estatales ha sido también otro aspecto en el que han quedado patentes las contradicciones entre los populares, sobre todo con sus socios de Gobierno en las Islas.
Mientras que para los conservadores son los peores presupuestos que se han hecho en España y "maltratan" a Canarias, sus socios nacionalistas posibilitaron con sus votos que las cuentas salieran adelante. "Fuera del Pacto cada uno es libre de actuar como quiera", justifican.
Con todo, el vicepresidente canario, el líder popular, José Manuel Soria, ha tenido que jugar entre dos tierras: por un lado, ejerciendo su papel institucional, y, por otro, intentando mantener la línea de su partido.
Financiación autonómica.- En parecidas circunstancias se tuvieron que mover los diputados del PP nacional y canario a la hora de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica. El acuerdo de gobierno con CC "obligó" a Soria a dar un "sí crítico" -un sí, en definitiva- a un modelo que sus compañeros de partido en las Cortes rechazaron de plano, argumentando que aumentaba las diferencias entre las distintas comunidades autónomas.
Lotraca.- Otro de los "fallos" en la corriente eléctrica entre los populares de aquí y de allá a lo largo de los últimos meses tuvo que ver con la Ley Orgánica de Transferencias complementarias a Canarias (Lotraca). Mientras que los conservadores, junto con el PSOE, echaban por tierra en el Congreso la toma en consideración de la citada norma, José Manuel Soria garantizaba al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que el PP canario "cumpliría el Pacto de Gobierno" en lo que se refiere a la reforma estatuaria.