El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, José Miguel Ruano, prometió ayer que los sueldos de los directivos y altos cargos de las empresas públicas y fundaciones canarias se recortarán el próximo año.

Así respondió a una pregunta del diputado socialista, Francisco Hernández Spínola, que inquirió al Ejecutivo si deben limitarse las retribuciones que perciben los presidentes, consejeros, delegados, directores ejecutivos, gerentes y asimilados de las sociedades mercantiles públicas y de las fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma.

El consejero contestó que la respuesta "es afirmativa porque el proyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010 prevé elaborar un estudio al respecto para tomar, posteriormente, una decisión en ese sentido".

Spínola criticó la respuesta del Gobierno, "basada en el márketing y la pura propaganda" porque "si en verdad la Administración quiere reducir las retribuciones de los directivos de las empresas y fundaciones públicas canarias, lo tendría muy fácil". Para el dirigente opositor "bastaría con contemplarlo en los presupuestos del próximo ejercicio, pero el Ejecutivo no lo ha hecho".

Sucedáneo

Para Spínola, el Gobierno plantea en esta materia un "sucedáneo" en el proyecto presupuestario al contemplar la elaboración de un estudio técnico sobre las retribuciones de esos altos cargo.

"Tras 16 años de poder de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) de forma ininterrumpida, ahora el Ejecutivo plantea un estudio técnico", ironizó.

El diputado socialista se refirió a las "constantes" apelaciones a la austeridad y contención del gasto público por parte del Gobierno, "pero los hechos ciertos son que el sueldo anual del gerente de Gestur Las Palmas es de 130.000 euros; el de Cartografía Canaria, 122.000 euros; el de Visocan y Gestur de Tenerife, 102.000 euros, mientras que la retribución del presidente del Ejecutivo regional está fijada en 81.500 euros".

Frente a esta "compungida hipocresía del Gobierno", criticó Spínola, "el Partido Socialista Canario (PSC) presentó una enmienda para que esos altos cargos no pueden percibir una retribución superior a la que corresponde un director general y, si el afectado no acepta el cambio del contrato, que se proceda a su separación porque nadie puede ser obligado a ser alto cargo", explicó.

Pero los grupos que apoyan al Gobierno, recordó Spínola, ya han respondido que hay que esperar a las conclusiones del informe que, según el dirigente socialista, "no estará concluido antes de que acabe la legislatura, en 2011".

Además, criticó, "CC y PP alegan que las retribuciones tienen que ser altas porque los directivos provienen del sector privado".

Por todo esto, insistió, es "vergonzoso" que se reduzcan los recursos económicos para la educación y sanidad mientras que los sueldos millonarios de los altos cargos no se reducen.

No sin el estudio previo

Ruano respondió que Spínola, por su formación jurídica y técnica, "sabe que falta a la verdad", ya que las empresas y fundaciones públicas canarias son de diversos tipos, por lo que se debe hacer el estudio, si bien ya está decidido de forma previa que las retribuciones deben reducirse.

"El Gobierno no lo puede hacer de forma directa", explicó Ruano. "Lo que hará es mandatar a las juntas generales de las sociedades públicas canarias a que produzcan en el seno de los consejos de administración los acuerdos necesarios para deducir las retribuciones a distintos directivos de las empresas".

Ruano justificó su argumento en que algunas empresas son "meras sociedades instrumentales y no están en el mercado, pero otras sí compiten en ellos, para lo que se necesita gente del máximo nivel a fin de que los objetivos de la explotación de la empresa sean favorables a los intereses públicos", manifestó.

Por todo esto, añadió el consejero, "el estudio hay que hacerlo con la decisión de reducir las retribuciones, si bien no se puede ni se debe hacer de forma directa".

En relación a los plazos del estudio, añadió José Miguel Ruano, tanto el portavoz de CC, José Miguel Barragán, como el del PP, Miguel Cabrera, "existe la posibilidad de aceptar la enmienda socialista en lo referido a los plazos porque el Gobierno no tiene voluntad de dilatar este asunto, sino tomar la decisión concreta durante 2010", insistió.

También en materia de sueldos, pero en relación a la fecha de pago de los emolumentos pendientes por parte del Gobierno regional a los abogados del turno de oficio, Ruano aclaró que éstos son cancelados de forma trimestral y que ahora sólo están por ingresar los correspondientes al tercer trimestre de 2009.

La diputada socialista Eulalia Guerra, que había formulado la pregunta en esta materia, criticó que el pago de sus sueldos "no se está realizando según lo acordado" y señaló que "apenas fue el jueves pasado cuando el Ejecutivo ingresó los sueldos de los abogados del turno de oficio correspondientes al segundo trimestre".

Guerra lamentó la situación al suponer una "importante" cantidad para los colegios de abogados de las Islas. "La deuda se debió pagar en junio, es un retraso grave", insistió.

"Por todo esto, los colegios profesionales se ven obligados a pedir préstamos a la banca con los que adelantar los sueldos de los abogados del turno de oficio", se quejó Guerra. "El Gobierno no se ocupa ni preocupa de la situación de la Justicia", añadió.

Ruano desmintió la acusación sobre los préstamos y respondió que "los abogados del turno de oficio constituyen el eje central de la política" sectorial del Ejecutivo autonómico.

El consejero indicó que entre el 28 y el 29 de enero, 11 Comunidades Autónomas, Canarias incluida, fijarán los criterios para regular la normativa del turno de oficio respetando, en todo caso, el criterio de el derecho de los ciudadanos a contar con asistencia jurídica para los que no tienen recursos.