Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que la ley electoral canaria "no es democráticamente sostenible" y por ello niega que el Gobierno de Canarias sea verdaderamente democrático y, por tal motivo, añade que sus propuestas para elaborar un nuevo diseño administrativo y competencial en el Archipiélago tendrán un déficit de legitimidad.
Según informa en un comunicado el coordinador en Tenerife de IUC, Ramón Trujillo, para esta fuerza política "no es democráticamente sostenible la ley electoral canaria, que ha llevado al poder a los actuales gobernantes, y que proviene de una transición marcada por un miedo al golpismo que limitó la democracia real". Desde esta premisa, la formación de izquierdas afirma que los grandes partidos son los beneficiarios del "tejerismo", en alusión al golpista Antonio Tejero, porque "hacen trampa perpetuando un sistema electoral injustificable en el contexto histórico actual".
IUC afirma que el sistema electoral canario "niega el principio de una persona un voto y establece seis barreras que vacían de contenido la democracia". Mientras que en un sistema proporcional puro, cada 1,7% del voto habría que asignar un escaño, en Canarias se exige superar la barrera del 6%, o la del 30%. Además, está la barrera de la Ley D''Hont, que "beneficia a los partidos grandes", y la barrera de la fragmentación de las circunscripciones electorales que "también beneficia a los grandes", apostilla IUC.
Asimismo, según Trujillo, hay otras dos barreras informales que "son, por una parte, la del control excluyente de los medios de comunicación públicos y, por otra, la del elevado coste de las campañas electorales, que hace que sea el poder del dinero el que decide qué candidaturas llegan a toda la ciudadanía".
Poder del dinero
IUC afirma que en ningún país democrático obtiene dos diputados un partido con menos de 3.000 votos y cero diputados otro con más de 50.000, como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas. Tampoco hay barreras del 30% en ningún estado democrático.
La anomalía del sistema electoral canario, agrega IUC, permite afirmar que "los gobernantes canarios están cada vez más democráticamente deslegitimados, por apoyarse en un sistema que hace trampas, tergiversa parte de la voluntad popular, y, al tergiversarla, desactiva su potencial de crecimiento y disuade de sus preferencias a muchos votantes".